El tratado de Maastricht introdujo en 1994 la libre circulación de capitales como uno de los principios básicos de la Unión Europea (UE). Este principio garantiza que las personas y las empresas puedan invertir y transferir capitales libremente entre los países de la UE. En el ámbito de los productos de inversión y seguros, la libre circulación de capitales debería permitir a los ciudadanos de cualquier país de la UE contratar estos productos en cualquier otro país de la Unión. La irrupción de internet que en su día volatilizó las distancias, permitiendo contratar cualquier producto desde el sillón de su casa, y la actual irrupción de la inteligencia artificial que permite tener servicios de atención telefónica en distintos idiomas atendidos por una misma persona o traducir documentos y páginas web al instante debieran ser facilitadores que hicieran de esta premisa legal una realidad de prosperidad y libre competencia. Sin embargo, casi 30 años después, los ciudadanos seguimos en buena medida atrapados en los oligopolios locales, ya que existen una serie de dificultades que impiden que la libre contratación sea una realidad en la práctica. Y si no que se lo digan a los clientes que pretenden desde España contratar los productos del BBVA en Italia (lea nuestro artículo Cuenta corriente al 4% de la filial italiana del BBVA).
Destruir barreras
Una de las principales dificultades es la existencia de diferentes regulaciones en materia de inversión y seguros entre los países de la UE, así como distintas exigencias fiscales. Las empresas más competitivas se las ven y se las desean para comercializar sus productos en otro país, ya que deben cumplir con las regulaciones locales cuando no superar las barreras administrativas, como la necesidad de obtener permisos o licencias para operar en otro país. Estas barreras pueden ser costosas y complejas, lo que puede disuadir a las empresas de establecer operaciones en otros países. Y lo más cínico es que estas barreras se llegan a justificar por la necesidad de proteger a los ciudadanos, alegando por ejemplo regulaciones sobre el blanqueo de capitales, cuando lo único que suelen esconder es el afán de proteger a la industria local o por parte de las entidades retener cautivos a sus clientes sin que puedan acceder a productos mejores.
OCU considera que la libre circulación de capitales es un principio fundamental que debería aplicarse plenamente en el ámbito de los productos de inversión y seguros. Las barreras internas que impiden que esto sea así deberían eliminarse o reducirse al máximo. Para ello, es necesario que los países de la UE trabajen para armonizar sus regulaciones en materia de inversión, seguros y fiscalidad. La eliminación de estas permitiría a los ciudadanos de la UE beneficiarse de una mayor variedad de productos de inversión y seguros a mejores precios, pero también ayudaría a la innovación en este sector y construiría una industria más fuerte a nivel global. Un escenario en el que todos ganaríamos frente al actual en el que se reparten el pastel unos pocos.