Simplemente "inaceptable"

No hace falta ser famoso ni salir en los papeles aireando nuestra vida para que empresas que ni siquiera nos suenan manejen datos capaces de construir un perfil sobre nuestros gustos e intereses en distintos ámbitos o conocer ciertos datos de nuestra vida privada. El primer coladero de datos personales que nos puede venir a la cabeza es, sin duda, el de las redes sociales, las aplicaciones móviles, nuestras búsquedas en Internet… Opciones hay muchas en esta sociedad, donde nos hemos acostumbrado a “aceptar” a golpe de clic la política de privacidad o las cookies de las empresas, sin pararnos a pensar en qué información estamos cediendo ni a quién está cada vez más normalizado. 

Pararnos a pensar quién tiene nuestros datos y ejercer nuestro derecho a no facilitarlos nos parece un ejercicio obligado. Por ejemplo, ¿qué le parecería que su entidad financiera conociera sus creencias religiosas o si está afiliado a un sindicato o cuál es su estado civil? ¿Le parecería bien? Pues es el tipo de información a la que accederá su banco, si le pide el IRPF, además de otra mucha documentación que puede ser incluso abusiva. No son pocas las entidades, como hemos constatado entre nuestros socios, las que amparándose en la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales tienen la osadía de pedir la declaración de la renta a sus clientes bajo la amenaza de bloquearles la cuenta. Algo que llegaron a cumplir en algunos casos ante la negativa del cliente a enviar información tremendamente personal. Entendemos que muchas, dejándose llevar por sus departamentos jurídicos, atendiendo a la lucha por el blanqueo de capitales caigan en ese tipo de peticiones que les parecen adecuadas. Pero no entendemos cómo el Banco de España, garante de las buenas prácticas y de los derechos de los usuarios bancarios, permite este tipo de prácticas. Ni siquiera muestra el menor rechazo o pone traba alguna. Pero claro cómo las va a poner, cuando ha llevado a cabo esta forma de proceder con sus propios empleados. Es lo que dejaba patente el Tribunal Supremo en la sentencia del 21 de diciembre de 2020 que le prohibía exigir a sus trabajadores la entrega del IRPF para verificar operaciones financieras privadas por vulnerar el derecho a la protección de sus datos personales. Un buen tirón de orejas en toda regla que el organismo debería recoger por el buen hacer y protección de todos los usuarios.

Nuestros datos personales son nuestros y son muy valiosos. Por eso, desde aquí hacemos un llamamiento para que haya normas más tajantes sobre las barreras que pueden traspasar las entidades para acceder a determinada información íntima; una información ineficaz, nos parece, para acabar con el blanqueo y que resulta una petición fuera de lo razonable.