Factura a las eléctricas

Las eléctricas españolas pertenecen a un sector sometido a una fuerte regulación y hasta hace nada considerado defensivo para los inversores por su escasa sensibilidad al ciclo económico. Con inversiones ya maduras generadoras netas de caja, que permitían pagar en unos casos un jugoso dividendo y en otros casos financiar su expansión internacional o en negocios en expansión como las energías renovables, se han convertido de repente en el villano de la película merecedoras de ser castigadas por el Gobierno y por una causa ajena a su control.

La factura eléctrica del mercado regulado o PVPC, que afecta alrededor de un tercio de los consumidores, ha disparado su coste para los que no son considerados como vulnerables. Esta tarifa tiene una mecánica de funcionamiento que, referenciada al mercado mayorista, hace que el coste de la energía que se ha generado al coste más caro se aplique al conjunto de la energía vendida. Y por un efecto matemático todas las tasas e impuestos que van a parar al Estado (alrededor del 50% de lo que se pagaba) al aplicarse en buena medida de forma proporcional sobre el coste anterior sean más gravosas conforme el coste en ese mercado mayorista sea más caro. Así, mientras una buena parte de la energía se genera al precio más económico de hidroeléctricas y nucleares, al haber entrado en funcionamiento las centrales térmicas  –cuyo coste se ha disparado al aumentar el coste de los derechos de emisión de gases contaminantes a la atmósfera (CO2) y dispararse el coste del precio del gas, con Rusia utilizando la espita de sus yacimientos de gas como medida de presión para que le autoricen en Europa el paso de sus gasoductos por donde quiere y llenar de paso sus bolsillos –, se ha disparado el coste en el mercado mayorista de la electricidad y de forma mecánica el coste de la factura para muchos hogares.

El Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto aprobando por decreto un recorte de la parte impositiva que va a parar a sus bolsillos y de paso lo que se considera beneficios caídos del cielo para las eléctricas por la generación eléctrica más barata. El hacha sacada por el Ejecutivo ha supuesto un cambio de las reglas del juego que crea inseguridad en el sector, podría paralizar nuevas inversiones, perjudica a los pequeños accionistas y aboca a una batalla jurídica que puede generar más costes a medio y largo plazo que los ahorros que trae a corto plazo. 

Respetar las reglas de libre mercado es también un deber del Ejecutivo y las soluciones que vengan vía de un aumento de la competencia o de cambios pactados en los que Gobierno, eléctricas y consumidores puedan sentarse para encontrar un sistema más justo de tarifas, van a tener un mayor beneficio en el largo plazo que los efectos a corto plazo y más bien temporales de las medidas tomadas. En cuanto a qué hacer ahora con sus inversiones en el sector, toda la información la encontrará en nuestro análisis.