Naturgy en el punto de mira. Nuestra postura editorial

La oferente, sería la sociedad luxemburguesa Global InfraCo, en la que por detrás estaría el fondo australiano IFM, uno de los grandes gestores de infraestructuras globales. Pagaría 23 euros por acción en una OPA de aceptación voluntaria, sin objetivo de excluir de cotización a la compañía; y además parcial, ya que pretende hacerse con un paquete del 22,69% del accionariado de la energética española, por lo que puede haber prorrateo en las aceptaciones. Un porcentaje que ni le daría el control y ni siquiera le convertiría en el accionista mayoritario (el holding Criteria, brazo inversor de CaixaBank ostenta el 24%), pero que supera el 10% del capital, que fija la norma establecida por el Gobierno al inicio de la pandemia y que le da carta blanca para vetar la entrada de empresas extranjeras en sectores estratégicos como es este caso.

El proceso de esta oferta podría durar todavía unos meses y no creemos que debiera haber problema para que la operación saliese adelante. Ahora bien, el “creemos” en esta ocasión lo debemos entrecomillar, pues si bien no vemos razones objetivas para que el Consejo de Ministros, tras los dictámenes técnicos correspondientes, encuentre objeciones basadas en un menoscabo a la competencia o un perjuicio a los accionistas minoritarios, la operación pudiese ser frenada basándose en razones políticas. Y ni sería la primera vez que ocurre ni algo exclusivo de España. Un caso reciente de hace un par de semanas es el rechazo por parte del gobierno francés de la oferta de compra sobre Carrefour, lanzada por el grupo canadiense Alimentation Couche-Tard (ACT). Rechazo que el ministro de Asuntos Económicos galo hizo basándose en que la operación pondría en riesgo la seguridad alimentaria francesa. La consecuencia para sus accionistas es que la subida del 25% en el precio de la acción se ha volatilizado y ya cotiza por debajo del precio en que comenzó 2021.

La cuestión es que esta intervención estatal al estilo de la antigua “acción de oro” no deja en buen lugar, a nuestro parecer, a los intereses de los inversores minoritarios. El papel del Estado, una vez analizado que la operación no suponga un menoscabo de la competencia, no debiera ser meterse en el interés empresarial con la excusa del salvaguardar el interés general. Los accionistas de una compañía – grandes o pequeños –son quienes deben tener el poder de decidir qué hacer con ella. Mejor haría en nuestra opinión en velar por el interés de las familias que son pequeños accionistas de estas compañías promoviendo cambios normativos como, por ejemplo, en la ley de OPA, que en la actualidad no es nada proteccionista con los pequeños inversores p.ej. en casos de exclusión bursátil.

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