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La OCU urge a tomar medidas ante los desahucios
hace 10 años - miércoles, 7 de noviembre de 2012
Propuestas de la OCU para evitar la absurda e injusta situación de miles de familias que, tras una ejecución hipotecaria, pierden sus casas, mantienen deudas con bancos que acumulan inmuebles vacíos y además necesitan ayudas públicas.
LA OCU EXIGE SOLUCIONES PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS DESAHUCIOS
Los bancos, como corresponsables de la situación, deben contribuir a solucionar este grave problema
Madrid, 7 de noviembre de 2012. La OCU exige a los poderes públicos medidas rápidas y contundentes para atender las necesidades de las personas afectadas por procesos de ejecución derivados de hipotecas impagadas. La OCU considera insostenible la situación de más de 300.000 familias desahuciadas que ven cómo pierden su vivienda y a la vez aumenta su deuda. Por otra parte, las entidades financieras, corresponsables de esta dramática situación, que siguen persiguiendo al deudor y se quedan con viviendas que no necesitan ni venden, en un mercado saturado de oferta.
La OCU no pretende que el deudor se desvincule de sus deudas contraídas pero sí exige que se tomen medidas para evitar que estas aumenten exponencialmente y de que el deudor se vea compelido a una situación de exclusión social total. Del mismo modo, la Organización solicita que se articulen medidas para que la entidad financiera contribuya a encontrar una solución a un problema del que incuestionablemente es parte. Se trata de priorizar que el deudor pueda quedarse en la vivienda, si lo desea.
Por tanto, la OCU propone:
1) Acotar el concepto de insolvencia sobrevenida, de forma que aquellos consumidores que actuando de forma responsable no hayan podido evitar la situación de insolvencia, gocen de una especial protección.
2) Para evitar la ampliación desproporcionada de la deuda: además de revisar los gastos del procedimiento actual de ejecución hipotecaria, deberá preverse un interés máximo a pagar en caso de impago de la hipoteca (podría ser el legal), de modo que la deuda no aumente artificialmente como ocurre ahora, aun sabiendo que es impagable. Y la adjudicación de la vivienda a la entidad financiera prestamista debería estar exenta de Impuestos y de gastos notariales y de registro de la propiedad, puesto que ahora recaen en el deudor.
3) Para evitar el desalojo de la vivienda y su infravaloración a efectos de cálculo de la deuda pendiente tras la ejecución: por una ley especial, se reconocería al desahuciado de la vivienda habitual por impago de la hipoteca o por ser avalista un derecho preferente de arrendamiento de dicha vivienda, por un plazo mínimo de 10 años y por un importe máximo del 2% anual del valor de adjudicación, actualizable al IPC.
Las entidades podrían estar compensadas fiscalmente por esta obligación, por ejemplo por exención del IBI, tasa de basuras y la deducción correspondiente en el impuesto de sociedades.
La OCU cree firmemente que con estas medidas se incentiva más que se acepte la dación en pago, ya que habrá entidades que prefieran aceptarla y recibir el piso libre de ocupantes que no tener que mantenerlo con una renta limitada al 2% sobre el valor adjudicado. Además, este límite del 2% del valor de adjudicación aplicable a la renta debería evitar que la entidad valorara muy baja la vivienda al quedársela.
Además, se recuerda que el problema de base es el sobreendeudamiento de las familias, facilitado por las entidades financieras en años de bonanza. Pero se llama la atención sobre el hecho de que en la actualidad vuelven a reproducirse algunas actuaciones pasadas, como por ejemplo, que aumenta el número de las hipotecas que se dan por porcentajes superiores al 80% del valor de la vivienda.
La OCU también quiere subrayar que persiste un desequilibrio entre el precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) y la renta disponible de los españoles. Las bajadas de precios no han sido suficientes. De hecho, la encuesta de presupuestos familiares del INE de 2011 refleja que el gasto dedicado por las familias a vivienda (incluyendo suministros) supone ahora el 31,3% del presupuesto, frente al 24,8% que suponía en 2006, en pleno boom.
Por último, la OCU considera que el incremento del paro, el descenso del número de cotizantes a la Seguridad Social y el descenso de los salarios implican necesariamente un mayor ajuste del precio de la vivienda en España en el corto y medio plazo.
La OCU ha remitido estas propuestas al Gobierno, partidos políticos, Consejo General del Poder Judicial y la Defensora del Pueblo.
