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Examinamos los seguros
hace 14 años - lunes, 27 de abril de 2009Seguros… ¿seguros?
Hemos realizado un estudio sobre la solvencia y las garantías que las entidades aseguradoras ofrecen a sus clientes. Nos preocupaba el efecto que en su solvencia hubiera podido provocar el batacazo sufrido por los mercados financieros. Además, para aquellas compañías con salud más delicada, contábamos con que los bajos tipos de interés actuales poco iban a ayudar a la recuperación de su salud financiera. ¿Podía esta situación ser preocupante para el asegurado? Las conclusiones de nuestro estudio y las inquietudes que la situación del sector nos suscitó, nos llevaron a dirigirnos a la Dirección General de Seguros (DGS), que como supervisor, debe vigilar, intervenir y advertir si alguna aseguradora está en peligro. Pueden consultar aquí tanto nuestro escrito como la contestación de la DGS, junto con nuestros comentarios.
Nuestro estudio está basado en los últimos balances publicados en la propia página de Internet de la DGS, pero ésta desacredita el trabajo al afirmar que dichos balances no reflejan el valor de mercado de la mayoría de las inversiones, sino el valor de adquisición. Es decir, reconocen que la información que ponen a disposición de los asegurados carece en buena medida de valor.
Además, la DGS rechaza nuestra petición de que esa información esté disponible con detalle y actualizada. Nos indica que ella ya dispone de la información que la Ley exige (por lo visto, algo más detallada de la pública), y que es ella quien la revisa. De este modo, los seguros se convierten en uno de los pocos productos financieros que escapan a la evaluación del consumidor. Éste no puede saber ni en qué se invierte su dinero (rentabilidad, riesgo), ni si el emisor-depositario es solvente. El control es competencia exclusiva del supervisor.
¿Fe ciega en la buena labor de la DGS? El sistema no debe ser tan fiable a ojos del Gobierno, cuando no quiere promover un fondo de garantía que se haga cargo de las posibles insolvencias que afecten a las aseguradoras que operen en España. ¿Por qué tendríamos que confiar entonces los consumidores?