La obtención del permiso de conducir continúa siendo un proceso costoso para miles de consumidores, que fácilmente supera los 1.200 euros entre matrícula, clases teóricas y prácticas y tasas de la DGT. Pero además puede convertirse en una fuente de conflictos. Tras analizar los contratos y las reclamaciones recibidas contra algunas autoescuelas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de cláusulas potencialmente abusivas y precios poco transparentes, especialmente en los packs “todo incluido”.

OCU recuerda que las autoescuelas están obligadas a informar de forma clara sobre el precio total con IVA, especificando si incluye o no las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), los certificados necesarios y cualquier otro gasto administrativo, así como del número de clases prácticas que contempla, que puede variar entre 8 y 22 clases, con una duración por clase de entre 45 y 90 minutos. También deben indicar la vigencia de la oferta, el derecho de desistimiento, si procede, y las condiciones relativas a convocatorias y pruebas de examen. Fórmulas como “Obtén el permiso B2 por 650 euros, todo incluido” no son aceptables si luego resulta que las tasas de examen se cobran aparte (cuestan alrededor de 100 euros) o se omite que el número de clases prácticas es limitado (suelen ser necesarias 25 clases, con un precio medio de 30 euros). Es decir, el coste final podría terminar siendo mucho mayor del anunciado.

Además, OCU ha identificado diversas cláusulas potencialmente abusivas que continúan apareciendo en algunas autoescuelas y que deberían ser objeto de vigilancia y, llegado el caso, sanción por parte de las autoridades autonómicas y municipales de consumo.

• La retención del importe abonado por el alumno en caso de baja voluntaria sin que exista una compensación equivalente si es la autoescuela la que cesa su actividad.

   

• Penalizaciones desproporcionadas, de hasta 300 euros, por trámites sencillos, como un traslado de expediente por cambio de autoescuela.

   

• Obstáculos injustificados para tramitar bajas o cambios de centro mediante formalidades excesivas y costosas o plazos desmesurados.

   

• Cobros por servicios no prestados, como la caducidad de clases prácticas ya pagadas por falta de disponibilidad de la propia autoescuela.

   

• Cambios unilaterales de precios o de las condiciones contractuales que no hayan sido previamente pactadas con el alumno, como una actualización de las tarifas.

Ante cualquier discrepancia, OCU recomienda presentar una reclamación por escrito a la autoescuela, dejando constancia de los hechos y solicitando una solución. Además, los consumidores pueden utilizar la plataforma Reclamar de OCU para gestionar y documentar su reclamación frente al centro afectado.

A los problemas contractuales observados se suma otra situación preocupante: las largas esperas para realizar el examen práctico. En las grandes ciudades el tiempo medio de espera puede alcanzar los cuatro meses. Una situación que responde, en gran medida, a la insuficiencia de examinadores de la DGT. Una plantilla aproximada de 900 profesionales resulta claramente insuficiente para atender la demanda actual, generando retrasos que terminan traduciéndose en un perjuicio económico para los alumnos, que a menudo necesitan contratar más clases prácticas mientras esperan una fecha de examen.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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