La ratificación de la multa de 3,6 millones de euros interpuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra Alquiler Seguro por cobros abusivos a sus inquilinos refuerza las nuevas denuncias de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra otras agencias de alquiler por prácticas similares.

El expediente sancionador abierto por el Ministerio se basa, entre otros aspectos, en el cobro al inquilino de la gestión del arrendamiento, la imposición de seguros y la contratación de servicios no solicitados. Irregularidades que OCU ya había advertido y denunciado hace más de un año en el marco de su actuación contra la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro. Desde mayo de 2023, tras la modificación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la normativa es clara: los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato de alquiler deben ser asumidos por el arrendador.

En una consulta previa realizada por OCU a Consumo, la administración confirmó que las agencias inmobiliarias no pueden exigir ni imponer al arrendatario ninguna comisión o gasto por la intermediación realizada para la suscripción del contrato. Asimismo, cualquier servicio adicional solo puede cobrarse si ha sido solicitado o aceptado de forma voluntaria por el inquilino, mediante un contrato independiente, con información clara, transparente y detallada sobre el servicio prestado y su precio.

En este contexto, OCU ha detectado nuevas prácticas preocupantes. En el marco de un estudio reciente sobre el sector inmobiliario, el equipo de OCU ha denunciado a dos inmobiliarias ubicadas en Madrid que están exigiendo a los inquilinos el pago de aproximadamente una mensualidad de renta más el 21 % de IVA. Estos cobros se presentan, en algunos casos, bajo denominaciones ambiguas como “tasa de servicio”, pese a que los servicios no han sido solicitados por los arrendatarios y la intermediación ha sido contratada por el propietario.

Para OCU, este tipo de prácticas suponen una vulneración clara de los derechos de los consumidores y contribuyen a agravar las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler, afectando especialmente a personas jóvenes, familias con menos recursos y otros colectivos vulnerables. Además, generan inseguridad jurídica y distorsionan el funcionamiento del mercado, al encarecer artificialmente el acceso a una vivienda.

Finalmente, OCU anima a todos los inquilinos afectados por este tipo de cobros a reclamar. La organización ofrece apoyo para reclamar la nulidad de los pagos realizados indebidamente y exigir la devolución de las cantidades abonadas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y una mayor protección de los consumidores en el mercado del alquiler.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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