OCU valora positivamente la sanción a Airbnb

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valora positivamente el control de la legalidad realizado por Consumo ante los anuncios de viviendas turísticas sin licencia, pero advierte que el control sobre este tipo de alquileres no resolverá por sí solo el grave problema de acceso a la vivienda. OCU reclama medidas que aumenten la oferta de alquiler de larga duración, especialmente incentivando la puesta en el mercado de las más de 3,8 millones de viviendas vacías existentes en España.

El Ministerio de Consumo ha sancionado a la plataforma Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin cumplir los requisitos legales. OCU recuerda que estas viviendas deben contar con las autorizaciones autonómicas y municipales, estar inscritas en el registro estatal de alquileres temporales —vigente desde julio de 2025— y disponer del consentimiento de la comunidad de propietarios, obligatorio desde abril de este año. Además, las plataformas tienen la obligación de informar a los usuarios sobre el cumplimiento de estas condiciones.

OCU considera positivo que se refuerce el control sobre el alquiler turístico, dado que responde a una demanda creciente de turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, advierte que el problema del acceso a la vivienda no se solucionará únicamente endureciendo la normativa sobre alquileres temporales. La raíz del problema está en el desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta que se reduce.

Según datos del INE, en mayo de 2025 había 381.837 viviendas turísticas en España, mientras que el número de viviendas vacías es diez veces superior: 3.828.307, de las cuales 573.000 se concentran en las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia. OCU subraya que muchos propietarios optan por el alquiler turístico o incluso por mantener sus inmuebles vacíos debido a la falta de seguridad jurídica en el alquiler de larga duración.

Por ello, OCU reclama medidas que garanticen a los pequeños propietarios la recuperación de su vivienda en caso de impago en plazos razonables, reservando la suspensión de desahucios a casos excepcionales de vulnerabilidad contrastada y acompañada de compensaciones rápidas y efectivas. Además, propone incentivos fiscales para quienes ofrezcan alquileres de larga duración a precios asequibles, así como un sistema eficaz de protección a los hogares vulnerables que no reduzca la oferta ni dispare las rentas.

Finalmente, OCU denuncia la insuficiencia de la vivienda social: en el primer semestre de 2025 solo se calificaron 5.843 VPO, frente a los 220.000 nuevos hogares creados en 12 meses (hasta septiembre de 2025) y el aumento de 456.000 personas mayores de 25 años en el mismo periodo. Es urgente pasar de las palabras a los hechos para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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