OCU considera insuficientes las propuestas de la Ley de Vivienda

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra que vuelva a abrirse el debate en torno al derecho al acceso a una vivienda digna y asequible. Pero considera que las propuestas que viene trasladando el Gobierno al anunciar la inminente Ley de Vivienda resultan insuficientes al no atacar la raíz del problema. OCU defiende desde hace años que la herramienta ideal para combatir los elevados precios de la vivienda es el impulso de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler, junto con la generación de un contexto de seguridad jurídica que impulse la oferta por parte de los pequeños propietarios.

Aunque OCU celebra el anuncio de destinar 50.000 viviendas del Sareb al alquiler social, considera que es una medida que llega tarde y que el número es del todo insuficiente: el parque público de vivienda social en alquiler asciende a unos 290.000 inmuebles (180.000 de las comunidades autónomas y 110.000 de los ayuntamientos y entidades dependientes), según datos del Boletín Especial de Vivienda Social publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019. Una cifra que apenas ha crecido desde entonces.  Lo cierto es que pueden parecer muchas viviendas, pero apenas supone una cobertura al 1,6% de los hogares españoles, muy lejos de la media europea, que alcanza el 9,3%.

OCU considera que las administraciones deberían multiplicar por cinco el parque de viviendas públicas en alquiler, bien promoviendo su construcción mediante la concesión de suelo público, bien adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin. Otra opción, al menos temporal, sería la concesión de ayudas directas al alquiler para quien más lo necesite. Porque lo ideal es contar con un parque público de viviendas que permanezca como un recurso con el paso de los años.

En lo que respecta a la limitación del precio de alquiler que propone el Gobierno, aunque es cierto que podría servir para estabilizar los precios a corto plazo, obliga a los propietarios de viviendas en alquiler a asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible, cuando muchos de ellos dependen en gran parte de este ingreso para su economía familiar. Además, a medio plazo pueden generar efectos contrarios: la falta de seguridad jurídica provocará que la oferta siga siendo reducida y los precios no lleguen a un punto de equilibrio, con lo que se puede volver a una cronificación de la escasez de alquiler, como ha sucedido en décadas pasadas.

Razones por las que OCU solicita al Gobierno un debate amplio y abierto sobre la futura Ley de Vivienda, previo a su aprobación, que incluya a todos los agentes afectados, como son las organizaciones sociales, las de consumidores y las de propietarios.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos y editores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 200.000 socios activos.