OCU denuncia la falta de vivienda social

Según datos del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio del Interior en 2021 se produjeron 41.359 desahucios y 17.274 ocupaciones ilegales de viviendas. Además, se estima que en España hay entre 30.000 y 40.000 personas sin hogar. Sin embargo, durante 2021 apenas se construyeron 2.518 viviendas en régimen de alquiler según los planes estatales y autonómicos, que es la principal vía de acceso a una vivienda digna de las familias con pocos o inexistentes ingresos, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Al mismo tiempo, OCU advierte que la falta de vivienda social podría afectar a más personas en los próximos meses: según una encuesta de OCU, en 2021 había ya alrededor de 532.000 hogares con graves dificultades para pagar el alquiler, en concreto, el 16,7% de las familias que viven en alquiler.   

Aunque el parque público de alquiler ha aumentado en los últimos tres años, queda aún muy lejos de las cifras de hace diez años, cuando se construían seis veces más viviendas de protección oficial. Según el Ministerio de Fomento el número de calificaciones para la construcción de viviendas de protección oficial pasó de 58.308 en 2011 a 9.567 en 2021. Y apenas una de cada cuatro estaba destinada al alquiler, la principal vía de acceso a una vivienda digna para familias sin ingresos o con bajos o ingresos.

Actualmente, el parque público de vivienda social en alquiler asciende a unos 290.000 inmuebles (180.000 de las comunidades autónomas y 110.000 de los ayuntamientos y entidades dependientes), según datos del Boletín Especial de Vivienda Social publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019. Pueden parecer muchas viviendas, pero apenas supone una cobertura al 1,6% de los hogares españoles, muy lejos de la media europea, que alcanza el 9,3%.

OCU considera que las administraciones deberían multiplicar por cinco el parque de viviendas públicas en alquiler, bien promoviendo su construcción mediante la concesión de suelo público, bien adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin. Otra opción, al menos temporal, sería la concesión de ayudas directas al alquiler. Porque lo ideal es contar con un parque público de viviendas que permanezca como un recurso con el paso de los años.

Para ello, la organización solicita a los partidos políticos un acuerdo para aprobar cuanto antes una Ley estatal por el Derecho a una vivienda digna, tal y como lo reconoce el artículo 47 de la Constitución. Solo así se podrá garantizar refugio y seguridad a las personas sin hogar, así como al creciente número de familias en peligro de desahucio, además de evitar las ocupaciones de viviendas privadas.

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