OCU insiste: la Ley de Vivienda se queda corta

Las medidas de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda corren el riesgo de ser insuficientes por no atacar la raíz del problema, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En lo que respecta a la limitación del precio de alquiler, aunque podría servir para estabilizar los precios a corto plazo, obliga a los propietarios de viviendas en alquiler a asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible, al cargar con costes que sí están sometidos a la inflación, como muchos de los derivados de la comunidad de propietarios, reparaciones o seguros. Y muchos de los propietarios dependen en gran parte de este ingreso para su economía familiar, además de que el 44% declara ingresos anuales inferiores a los 21.000 euros. A medio plazo, se pueden generar efectos contrarios: que los precios no lleguen a un punto de equilibrio, con lo que se puede instalar de modo permanente la escasez de alquiler.

OCU celebra que la nueva ley potencie el alquiler social, pero la medida llega tarde y tardará años en ser efectiva. Como defendemos desde hace años, debería impulsarse más la vivienda social. El actual parque público de vivienda social apenas llega a una cobertura del 1,6% de los hogares españoles y debería multiplicarse por cinco para acercarse a la media europea.

Todo ello debería encuadrarse en un contexto de seguridad jurídica que impulse la oferta por parte de los pequeños propietarios, pues ante las nuevas imposiciones que se avecinan, como los recargos en casas desocupadas o los cambios en beneficios fiscales de los nuevos contratos, junto a los retrasos en procesos de desahucio, algunos arrendadores optan por otros tipos de alquiler distintos al de vivienda, lo que en última instancia perjudica también a quienes buscan una vivienda alquilada a un precio razonable.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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