Los minoritarios, al margen
El 23 de julio Iberdrola aprobó una ampliación de capital en cuestión de horas y a espaldas del pequeño accionista. La eléctrica, cuya cotización estuvo suspendida parte del día, acordó ampliar algo más de 5.000 millones de euros, lo que equivale en torno al 5% de su capitalización bursátil. Ello supone emitir unos 331 millones de nuevas acciones a 15,15 euros por acción. Un precio que representaba un descuento del 4,7 %, respecto al cierre del día previo. Decimos que fue una operación a espaldas del pequeño accionista, porque solo tuvieron acceso a ella los inversores institucionales al ser privados los minoritarios de los derechos de suscripción preferente. En otras palabras, el pequeño inversor quedó vetado, excluido de la nueva emisión y privado de la oportunidad de comprar esas nuevas acciones más baratas o ser compensado por no hacerlo.
El silencioso reparto entre grandes fondos e inversores institucionales se traduce en una dilución directa de ese 5 % del capital social, sin contrapartidas para los minoritarios. Y esto equivale a que los inversores institucionales se reparten el pastel en detrimento de los pequeños. En el caso de Iberdrola ya llueve sobre mojado. En marzo de 2011 realizó también por sorpresa una ampliación de capital sin derecho de suscripción preferente contra la cual alzamos nuestra voz. Entonces, movilizamos a los accionistas para que demandaran a los administradores de la eléctrica una compensación por la anulación del derecho de suscripción. Y nuestra postura con respecto a estas prácticas no ha cambiado. Estas operaciones “por sorpresa”, dirigidas a grandes inversores y diseñadas para excluir a los minoritarios, debilitan la protección de los pequeños inversores y fomentan un desequilibrio de poder.
Por su parte, Iberdrola defiende que la operación financia el ambicioso plan de 55.000 millones de euros en redes, especialmente en EE. UU. y Reino Unido, y refuerza su balance. Claro que el momento elegido, con la presentación de unos resultados semestrales con luces y sombras, donde la empresa no ha ofrecido ninguna previsión cuantitativa para el conjunto del año, ni sobre beneficios, ni sobre dividendos, lanza muchas dudas al aire. Esta falta de transparencia, a nuestro parecer, deja al inversor sin referencias claras sobre la acción. Desde OCU Inversiones reclamamos que la legislación vigile y prohíba estas ampliaciones, que no ofrecen derechos preferentes a toda la base accionarial. Y que cuando no haya más alternativa que recurrir a ellas, estén más que justificadas y no sean una herramienta para diluir la participación en beneficio de los grandes inversores.
En cualquier caso, excluir a una parte del accionariado nos parece que va en contra de las reglas de un mercado justo.