Ganz-MaVag retira su oferta
Tras el veto del Gobierno, aduciendo “protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España”, veto al que Comisión Europea no ha visto problemas, el grupo húngaro ha decidido retirarse. Una decisión, que comunicó el viernes pasado a la CNMV en una nota, donde también anunciaba su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión del Gobierno – que según calificaba “carece de la más mínima motivación y produce al Oferente la más absoluta indefensión” –, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Es más, dejó abierto el camino a considerar otra oferta para hacerse con el control total de Talgo en el futuro.
En lo que afecta a la seguridad nacional, aunque se hace un tanto complicado imaginar de qué información puede disponer Talgo de nuestra infraestructura ferroviaria que sea alto secreto, poco tenemos que decir al respecto. Lo que sí nos parece de traca es que en una operación que en principio no supone menoscabo para los consumidores, o al menos no habíamos escuchado todavía nada de un eventual dictamen negativo de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), sea por una mera decisión política por la que se volatilicen 130 millones de euros que debieran haber ido a parar a los bolsillos de los accionistas. Y es que el grupo húngaro valoraba a la empresa española de ferrocarriles en 619 millones de euros, es decir, a 5 euros por acción; montante, que tras el frenazo de la opa dejó la cotización de la española en 3,95 euros, ante unos accionistas boquiabiertos. Y poniendo de relieve, como en otras ocasiones, cómo estos se quedan atados de pies y manos ante una operación que hubiera dado algo de alegría a sus bolsillos.
Ejemplos del intervencionismo del Estado con veto o participación en los movimientos empresariales en torno a grandes compañías (Naturgy, Telefónica, Grifols...) no faltan dentro ni fuera de nuestras fronteras – véase el de la opa de Carrefour vetada por el Gobierno francés, del que dimos cuenta en nuestro editorial “Naturgy en el punto de mira” de febrero de 2021 –. Aparte de ello, lo que se ha puesto de manifiesto claramente en este caso es el desamparo del accionista que invierte en acciones que pueden estar infravaloradas, pero que quizás nunca lleguen a mostrar su valor por las decisiones políticas. Sería conveniente que de haber empresas que no sean opables por motivos de seguridad nacional, estas sean claramente identificadas por el Gobierno anticipadamente; de forma que el pequeño accionista sepa desde el principio donde se mete y no por sorpresa una vez que le han puesto la miel en los labios.