Gobernanza "sitiada". Editorial

Entre otros aspectos que pueden verse afectados seriamente por el deterioro del buen gobierno está el daño a la reputación de la compañía, que puede minar la confianza de los inversores y ahuyentarlos e incluso, poner en peligro la rentabilidad de la empresa; por no hablar de lo que todo ello perjudica a sus accionistas. Lamentablemente, de tanto en tanto, somos testigos de cómo el gobierno corporativo en lugar de ser protegido y puesto en un pedestal recibe varapalos, que lo hacen caer unos cuantos escalones. Es lo que hemos visto en el grupo tecnológico español Indra con el cese de golpe de cuatro de los siete consejeros independientes en la Junta de accionistas del 23 de junio, y la no renovación de otro más. En total 5 consejeros independientes borrados de un plumazo, de los 12 que conforman el Consejo, a los que se sumó la dimisión de dos más días después de la celebración de la junta; si bien uno de ellos no se marchará de inmediato para no dejar a la empresa bloqueada. 

Estamos ante un golpe directo al buen gobierno de una parte minoritaria del accionariado, que trata de ejercer su control y ante una falta de respeto al resto de accionistas representados por los consejeros independientes. Sobre el papel queda muy bien reclamar el respeto al buen gobierno, pero en la práctica, vemos cómo este se resquebraja, cuando se da un choque de posturas. En el caso de Indra ese choque “de trenes” ha venido por la clara oposición de los consejeros cesados al giro estratégico hacia el sector defensa como quiere el Gobierno, presente en el accionariado a través de la SEPI. Lo grave del asunto es que el Gobierno alce siempre la voz a favor del “buen gobierno” y a la primera de cambio, en una de las pocas empresas donde aún está presente, le dé un mazazo en toda regla; un pésimo ejemplo, cuando de lo que se trata es de protegerlo. Ello ha hecho que la CNMV haya abierto una investigación. Como dato curioso este golpe a la gobernanza se produjo un día antes de que el regulador de los mercados sometiera a consulta su Código de buenas prácticas para inversores institucionales. En fin, casualidades de la vida, nada más.

Nosotros siempre hemos tenido en cuenta el gobierno corporativo de las empresas en nuestros criterios de evaluación. Y cada vez que la “G” de gobernanza se ve mermada nos duele en el alma, pues supone infligir un daño innecesario a sus accionistas. En nuestra labor de defensa del inversor no podemos mirar para otro lado ante este tipo de episodios. Es más, nos hace estar más atentos a la solvencia y rentabilidad de la compañía, por si el acorralamiento a la gobernanza tuviese consecuencias negativas para su patrimonio. Puede ver a qué empresas asignamos nuestra etiqueta ESGF, si como inversor le preocupa el impacto de sus decisiones económicas.