Se amplía el escudo "antiopas"
El deterioro de la situación económica que trajo la pandemia en marzo de 2020 sirvió de excusa para traer de vuelta la intervención del Estado respecto a la inversión extranjera en empresas estratégicas. Según el conocido como escudo “antiopas”, las empresas extranjeras que pretendan tener una presencia superior al 10% del capital en empresas estratégicas cotizadas o superar los 500 millones de euros de inversión en empresas no cotizadas, deben recibir la autorización del Gobierno. La norma lleva ya un par de prórrogas: expiraba el 30 de junio de 2021, se amplió al 31 de diciembre y ha vuelto a ampliarse hasta el fin de este año. El objetivo, según argumenta el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado, no es otro que “proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”.
Varapalo al gobierno corporativo
Contra la ampliación de la misma se ha pronunciado el presidente de la CNMV. Y por supuesto nosotros, ya que bajo tal rimbombante enunciado sólo hay otro palo más en las ruedas de la “G” del gobierno corporativo de las empresas; una de las patas de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), tan defendida y también lastimada, a veces, por unos y por otros. Y creemos que es lo que viene a hacer este escudo antiopas. No es la primera vez que nos pronunciamos sobre intervencionismos de esta clase, porque nuestra razón de ser es defender los intereses de los inversores; con especial atención, si cabe, a los del pequeño accionista por lo indefenso que este puede estar en esta jungla financiera. Así, no nos vale el argumento de la situación económica que atravesemos, sea esta mejor o peor en cada momento, para poner escudos de este calibre. Para nosotros el argumento más sólido que debe prevalecer tiene que ver con un hecho muy claro e irrefutable. Y es que los propietarios de una empresa son los que mandan en ella y estos no son otros que sus accionistas. Por eso, cualquier blindaje que suponga una injerencia en la voluntad de su decisión nos parece un flaco favor al buen gobierno de las empresas.
El Gobierno debe defender a los consumidores, pero ello no pasa por que deban controlar quién posee una compañía; entrar en este terreno nos parece una intromisión intolerable. La protección de los intereses de las compañías debe venir de parte de sus propietarios y no de actores externos, pues queriendo o sin querer, estos podrían acabar desvirtuando esa finalidad. En la razón de ser de las empresas está la prevalencia de los intereses económicos y cuando un poder público se mete por medio, al margen de la finalidad que tenga, se corre el riesgo de enturbiarlo todo con otro tipo de intereses. En resumen, solo queremos que estas líneas sirvan para llamar a las cosas por su nombre y anteponer los intereses del accionista a los de cualquier agente externo ajeno a la empresa.
