El debate que rodea a la viabilidad del sistema público de pensiones en nuestro país está más vivo que nunca. Las numerosas manifestaciones protagonizadas por nuestros mayores a lo largo y ancho de toda la geografía española durante los últimos meses han prendido una llama que no quieren dejar apagar. Y ahora medios de comunicación, políticos e incluso instituciones mundiales de la talla del Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen este asunto muy presente en sus agendas. No es de extrañar. Se trata de un problema acuciante que a nosotros hace mucho tiempo que nos preocupa, pero que, lamentablemente, tiene difícil solución.
Las últimas novedades apuntan a un nuevo volantazo en lo que a esta materia se refiere. Hace pocos días conocíamos la noticia de que, por fin, tras más de dos años de debates, la Comisión del Congreso sobre el Pacto de Toledo llegaba a un acuerdo para revalorizar anualmente las pensiones conforme al denominado IPC “real”. Es decir, que sean los precios los que marquen el mayor o menor poder adquisitivo de los pensionistas. Un consenso que supone decir adiós al conocido como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) introducido en 2013 y que deja cuestionado el factor de sostenibilidad que reducía las cuantías de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida.
Si ya de por sí tantos vaivenes acaban generando un clima de confusión en el que es difícil saber a qué atenerse, sacarse de la manga términos ficticios lo hace aún todo más complicado. Nadie ha sabido explicar qué es exactamente el IPC “real”, un término ambiguo que en la práctica no hace sino dejar en el aire el mecanismo exacto para revalorizar las pensiones que, además, tendrá que ser legislado por el Gobierno de turno previa consulta y debate en el seno del Pacto de Toledo. A saber, el IPC a secas (Índice de Precios al Consumo) es el indicador desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística para medir la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios adquiridos por los ho-gares. La “cesta familiar”, que sirve para calcular cada mes la inflación y sobre la que se estima el coste de la vida o rige cada año las revisiones salariales. ¿Por qué entonces ese IPC “real”?
Sea como fuere, pintan bastos en lo que a las pensiones futuras se refiere. El FMI ya ha alertado sobre los riesgos que supone vincularlas al IPC y su sostenibilidad está más que en entredicho. Creemos que las pensiones públicas han de seguir siendo su principal sustento una vez llegado su retiro, pero no se duerma en los laureles. Sea previsor y complemente sus ingresos futuros con sus ahorros. Nuestra recién estrenada
calculadora de pensiones le ayudará con los cálculos.
