Algo huele a podrido en la economía mundial desde que la llegada de Trump al poder en los EE.UU. La semana pasada fue el sector del acero el que sufrió su delirio proteccionista. Pero ya ni siquiera los teóricos beneficiados lo celebran. Los inversores comienzan a asustarse ante la perspectiva de que la amenaza se extienda a otros sectores y termine desatando una guerra comercial en la que todos saldrían perdiendo, especialmente los consumidores. Está demostrado que el aumento de las tarifas arancelarias o el establecimiento de cupos máximos a la importación reduce la oferta de productos disponibles para el consumo e incrementan su coste.
Existe otra forma de proteccionismo de la que se habla menos, y que afecta a los accionistas de las compañías cotizadas en bolsa. Por definición, el accionista es el dueño de la sociedad. Es por tanto él y sólo él quien en última instancia debería ostentar el poder de aceptar o rechazar una oferta de compra por sus acciones, y no debería ser normal que el Consejo de Administración de la compañía se apropie de este derecho, ni mucho menos que lo haga el Estado. Pero la realidad muestra que la imposición de vetos a las operaciones de fusiones y absorciones está a la orden del día. A veces se disfraza de la exigencia de autorizaciones adicionales aparte de las dictadas por el organismo de defensa de la competencia. Contra este tipo de proteccionismo a través de blindajes nos hemos posicionado en el pasado, p. ej. contra de la acción de oro que se guardaba el Estado en algunas compañías o cuando Endesa recibió la oferta de Enel. Incluso recientemente cuando defendimos la autorización de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) a la oferta de la italiana Atlantia sobre española Abertis que el Gobierno español pretendió obstaculizar en perjuicio de los actuales accionistas de la concesionaria española.
A la imposición de autorizaciones injustificadas a las operaciones de compras y fusiones, se añade muchas veces el perjuicio provocado a los accionistas por la lentitud de las resoluciones, en un mundo, el de la bolsa y las inversiones, que exige rapidez en la toma de decisiones. ¿Recuerdan el año y medio que se estuvo enredando con la autorización a la oferta de ChemChina por Syngenta? Algo parecido está pasando ahora con la compra de la estadounidense Monsanto por parte de Bayer. A veces esta intromisión de la administración no es proteccionismo propiamente dicho, pues las compañías afectadas son del mismo país. Es el caso de la obstaculización a la fusión entre AT&T y Time Warner pendiente de decisión judicial, en la que una vez más, los pequeños inversores son los más perjudicados. Nosotros seguiremos defendiendo sus derechos.
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