Se dice que la perfección, como tal, no existe, y que por ello siempre se puede mejorar cualquier resultado. Aunque es cierto que para conseguir cualquier mejora, por pequeña que esta sea, es necesario tener voluntad. En la economía española y especialmente en el sector financiero, la regulación no es perfecta. Se puede decir que aún estamos muy lejos de que lo sea, pero es cierto que la crisis económica destapó muchas de las vergüenzas que en tiempos de bonanza permanecían escondidas, y que ello al menos sirvió para que el legislador, obligado por Europa, se viera obligado a tomar cartas en el asunto y avanzar en la regulación de los mercados financieros. Ello no habría sido posible sin la presión popular y de organizaciones como OCU, que llevamos por ejemplo a los tribunales las cláusulas abusivas y ganamos.
No es que ahora el marco normativo del sector bancario sea perfecto, ni mucho menos. Pero la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, ampliada hasta 100.000 euros o la obligación que tienen los bancos de informarle minuciosamente de la naturaleza del producto ofrecido representan pasos en la buena dirección. Estas mejoras en la regulación que se están produciendo y que son tendentes a proteger a los pequeños ahorradores, ¿se están dando en todos los organismos que regulan el sector financiero? La respuesta es que no. Queda uno dispuesto a resistir con uñas y dientes los aires de trasparencia y progreso: la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, encargado de regular el sector del seguro.
No vamos a decir que el sector asegurador sea la jungla, pero quienes contraten un seguro de ahorro deben saber que no existe fondo de garantía alguno que le cubra su inversión en caso de que la entidad no se la pueda devolver. Y que si quiere usted comprobar la solvencia de la aseguradora antes de contratar un producto, lo cual es básico en este sector, la información de solvencia que obtendrá estará muy desactualizada. Hay casos, p.ej. cuando se contratan algunos Unit Linked en los que el inversor asume todo el riesgo, en los que la información brilla por su ausencia. Y en algunas entidades la obligación de informar del tipo de interés efectivo del producto no se cumple hasta que el inversor no solicita expresamente conocer este dato. Tampoco parece muy lógico que el regulador, es decir, la DGS, limite el interés máximo que pueden ofrecer las entidades, en lugar de ponerse del lado del consumidor, o pequeño inversor en este caso, y proponer un máximo a las comisiones que pueden cobrar. En definitiva, el sector del seguro tiene mucho que mejorar y la culpa no es sólo de las entidades sino también del supervisor, que parece ausente. Nosotros seguiremos presionando para lograr avances que beneficien a los ahorradores como usted.
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