Esta vez no le falta razón

En nuestro país no estamos muy acostumbrados a que un organismo público haga prevalecer el cumplimiento de la normativa frente a requerimientos políticos. Y mucho menos en lo que concierne a las altas esferas del poder económico y financiero, y quizá por ello a mucha gente le puede haber sorprendido que la semana pasada la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), cuyo objetivo declarado es velar por la trasparencia de los mercados financieros, la correcta formación de precios en los mismos así como la protección de los inversores, le haya llevado la contraria al Gobierno y no haya estado dispuesto a revocar o anular la oferta de Atlantia por Abertis, la cual se encuentra aprobada pero en suspenso pendiente de la aprobación de la oferta competidora de Hochtief.

 Poco importa que cuando fue la española la que en 2006 intentara un acercamiento a la propia Atlantia fuera el Gobierno italiano quien se opusiera a autorizar acuerdo alguno, o que la propia Atlantia haya tenido tan poca visión de no darse cuenta de la importancia de llevarse lo mejor posible con las instancias políticas en este sector en concreto. Lo cierto es que la CNMV, este organismo tan criticado – incluso por nosotros mismos – por defender tantas veces los intereses de las grandes compañías olvidando los de los pequeños accionistas, ha hecho su trabajo plantándose ante una clara intromisión del poder político en sus funciones. En efecto, como puede observar en el primer gráfico, la oferta de la italiana, lanzada a mediados de octubre, sentó de maravilla a la cotización de la concesionaria española. A lo cual siguió la contraoferta de Hochtief, filial alemana de ACS. Lo ofrecido, 18,76 euros por acción en este último caso, está actuando de soporte, y todos cuantos invirtieron en acciones de la concesionaria española ven con muy buenos ojos este principio de guerra de ofertas que por una decisión política podría haberse truncado.

 Es cierto que las adquisiciones trasfronterizas no suelen ser del agrado de los gobiernos, especialmente cuando la presa es la empresa patria. Y más cuando en este caso la presa, Abertis, cuenta en su capital con activos considerados “estratégicos” para los intereses del país, como es el operador de satélites de comunicaciones Hispasat. Ahora bien, dado que Abertis ha comunicado su disposición a desprenderse de Hispasat y que de hecho en su capital y Consejo está la francesa Eutelsat ampliamente representada, no se entiende muy bien la insistencia del Gobierno, a través de los Ministerios de Fomento (del que dependen las autopistas) y Energía (telecomunicaciones), requiriendo a la CNMV a revocar o anular la oferta italiana. A nuestros ojos esta vez no le falta razón a la CNMV. Rechazar la OPA supondría un claro perjuicio a los accionistas de Abertis y atendiendo al propio reglamento de la CNMV no vemos razones que justifiquen esta intromisión del poder político en la operación.

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