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Irse (o no) de rositas
hace 6 años - lunes, 20 de febrero de 2017
Vea nuestra postura sobre los desmanes llevados a cabo en el sector bancario en los últimos años.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se cite a declarar como investigados (la antigua figura de imputados) a tres cargos de la Supervisión del Banco de España relacionados con la salida a Bolsa de Bankia. Además de estos tres altos cargos, que aún permanecían en el organismo y que presentaron su renuncia horas después, también están imputados en la causa el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y Fernando Restoy, número dos de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa y subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero. Si bien estas imputaciones no deberían afectar a los pequeños inversores que acudieron a la OPV de Bankia y que ya han recuperado mayoritariamente su dinero, sí podrían suponer la apertura de una nueva vía para que grandes inversores institucionales (como Mapfre por ejemplo) recuperen su inversión, lo que a la postre supondría un beneficio indirecto para los accionistas de la susodicha aseguradora.
Por otro lado, cinco antiguos directivos de Novacaixagalicia (NCG), condenados a dos años de prisión por el cobro de indemnizaciones millonarias, han ingresado finalmente en prisión por orden de la Audiencia Nacional. La sección tercera de la Sala de lo Penal ha denegado en efecto la suspensión de la condena después de que la confirmara el Tribunal Supremo que, además, consideró "benévola" la sentencia impuesta tanto a los tres antiguos directivos como a los condenados como colaboradores necesarios, el ex copresidente de la entidad financiera y el asesor jurídico.
La Sala de la Audiencia Nacional también ha tenido en cuenta, para ordenar el ingreso en prisión de los cinco condenados, que ninguno de ellos ha devuelto el dinero que se estableció en la sentencia, fijado finalmente en 10 millones de euros. Además, la sentencia considera que los directivos ignoraron la situación "calamitosa" de NCG, resultado de la fusión de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova, y que incumplieron la normativa sobre retribuciones. De hecho, la Sala consideró probado que el consejo de administración de la entidad financiera no había recibido información veraz sobre las retribuciones y que los directivos 'urdieron un plan' para mejorarlas ante su eventual salida de la entidad, como así ocurrió.
Aunque parece estrecharse el cerco sobre los corruptos y sobre aquellos gestores y altos directivos bancarios, la justicia que llega es muy tardía e ineficaz. Ni indemnizaciones de oficio a los damnificados, ni penas realmente disuasorias en relación al montante del valor apropiado y no devuelto. El sistema requiere un cambio en profundidad desde el papel de los supervisores al de la justicia pasando por las retribuciones a los gestores, muchas de ellas completamente inmerecidas.
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