La Directiva de OPAS (Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones) establece claramente entre sus principios que “todos los accionistas deberán recibir un trato equivalente”. En este sentido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como autoridad supervisora nacional, es quien asume la responsabilidad de que así sea. De ahí que esté obligada a garantizar que en la determinación del “precio equitativo” no se produzca una infravaloración de las acciones en perjuicio de los titulares de los valores afectados. Buenas intenciones que, en la práctica, lamentablemente se quedan en papel mojado muchas más veces de las que nos gustaría.
Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la OPA que allá por 2012 Mapfre lanzó sobre la funeraria Funespaña a un precio inferior al que la aseguradora había pactado por detrás con un grupo significativo de accionistas (vea "El Supremo anula la OPA de Mapfre sobre Funespaña"). Y todo ello, cómo no, con el beneplácito de una CNMV que volvía a mirar para otro lado en lo que era otro caso más de maltrato al pequeño accionista… hasta la intervención de la Justicia, con el Tribunal Supremo a la cabeza, que da un varapalo al comportamiento oportunista de Mapfre y un buen tirón de orejas al organismo supervisor. En efecto, tras anular dicha OPA, ahora la CNMV tendrá que recalcular el precio “equitativo” al alza. Un buena noticia para el pequeño ahorrador.
En todo caso, la indefensión del accionista minoritario parece evidente. No es de recibo que se deba acudir a los tribunales de justicia para que se cumplan unos principios ya delimitados legalmente. La CNMV debería cumplir su papel y plantar cara a las entidades que en su propio provecho quieran aprovecharse de los resquicios legales o directamente saltarse a la torera la Ley en perjuicio del pequeño accionista. Incluso el organismo supervisor tendría que ir más allá y hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que se rompa la igualdad de trato a los accionistas cuando las entidades, amparadas en la legalidad, no se sometan a la Ley de OPAS.
Y es que son muchas las compañías que, al no sobrepasar el umbral marcado por la Ley que les obliga a lanzar una OPA, compran -a espaldas del mercado y por un precio muy por encima del de cotización- un paquete de acciones que les permite, de facto, tomar el control de una sociedad cotizada sin que los accionistas en su conjunto puedan beneficiarse de ese mayor precio pagado en la transacción. Un comportamiento que, por otra parte, reprueba la legislación comunitaria. Todavía hay mucho trabajo por hacer.
Por nuestra parte, seguiremos estando a su lado para defenderle y no cejaremos en nuestro empeño de instar a la CNMV a que cumpla con su cometido.
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