Cuando éramos niños en nuestros sueños nos acechaban monstruos y zombis. Pero ahora esos demonios se transforman en personas enfundadas en trajes de chaqueta con una montaña de papeles para firmar. Mucho miedo da pensar que en esta “pesadilla” se escudan las entidades a la hora de ir a juicio: si usted firmó la documentación, conocía los riesgos y los entendía. Esta semana nos hacemos eco de una sentencia a Bankia y de una sanción al Santander, entidades a las que, eso sí, esta vez les ha salido el tiro por la culata .
Destaca en especial la sentencia de Bankia, por ser la primera vez que un juzgado de lo civil obliga a devolver el dinero (unos 38.000 euros) a los perjudicados por la comercialización de acciones en el lanzamien-to de la OPV, lo que provocó cuantiosas pérdidas a sus clientes. De hecho, tan solo en el primer año, la acción se dejó el 82% del valor inicial (3,75 euros).
Aunque desde OCU inversores ya le advertimos de que las acciones de esta entidad tenían un alto riesgo, son muchos los pequeños inversores que han sufrido un perjuicio económico por haberlas adquirido. A este quebranto hay que añadir que se modificarán los Estatutos para exigir un mínimo de 500 acciones para asistir a la Junta de accionistas. De este modo, no podrán acudir a la misma la mayoría de los inversores de la salida a Bolsa de Bankia, ya que para juntar las 500 acciones necesarias, tendrían que haber suscrito en la OPV ¡unas 50.000!
Así las cosas, la justicia parece ser el único camino para los afectados, aunque también se investiga por la vía penal si hubo fraude o no en el lanzamiento de la OPV. Por desgracia, este proceso en el que está imputada toda la cúpula que había entonces, con Rodrigo Rato a la cabeza, puede tardar años en resolverse.
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