La vivienda en particular y los inmuebles en general son un plato demasiado apetitoso para nuestros gobernantes. Con crisis o sin ella, un 80% de los hogares españoles son propietarios, un blanco perfecto para la recaudación de impuestos.
Algunos actos son manifestaciones de riqueza que pueden explicar la presencia de un impuesto, pero muchos otros tienen menor justificación. La mera tenencia de una vivienda habitual por una persona o familia con escasos recursos económicos no debería ser gravada del mismo modo que las propiedades de un terrateniente. Y sin embargo, la regulación actual del IBI, por ejemplo, no deja mucho margen a estas consideraciones.
Tampoco se entiende que diversas autoridades lamenten el bajo número de transmisiones de inmuebles, al tiempo que suben los impuestos por la compra (como los tipos autonómicos del ITP, muchos al 10%) y tratan de defraudadores a quienes han podido adquirir un piso a menor precio gracias a las rebajas de bancos o particulares (el estudio de OCU Fincas y Casas sobre las ofertas de los bancos mostraba un caso real).
El consumidor y el inversor avezado deben tener muy en cuenta el peso de la fiscalidad a la hora de tomar sus decisiones. En otro reciente estudio hemos comparado los impuestos que se aplicaban a los pisos en 2008 y en 2013. Los resultados hablan por sí solos y no esperamos que la tendencia cambie a corto plazo.
Ahora que se oyen voces anunciando el supuesto fin de la crisis inmobiliaria en España, conviene sopesar con calma el peso de la tributación en los gastos globales de los propietarios. La anunciada reforma fiscal global, actualmente en estudio, podría confirmar al IBI como elemento de base para asegurar una financiación estable de los municipios. Algo que nos lleva a pensar que los enormes incrementos sufridos por este impuesto en los últimos años, en la estela de la burbuja, podrían prolongarse en los próximos ejercicios.
Las autoridades autonómicas y locales cuentan con la tradicional tendencia del español a permanecer en su ciudad o región. Por ello no ven un problema en mantener tipos impositivos mucho más elevados que en ciudades o comunidades vecinas. En transmisiones patrimoniales ya existen diferencias de tipos entre el 10% y el 6%. Y en materia de IBI, las diferencias recaudatorias entre ciudades no son menores. Por no hablar de donaciones o herencias.
Cada día cobra mayor importancia el análisis comparativo de la fiscalidad. Desde aquí contamos seguir informándole con ejemplos de cálculo, para que cada uno pueda tomar las decisiones que más le interesen. Son miles de euros los que están en juego, para usted y sus herederos, y conviene ser muy práctico y actuar en consecuencia.