Una victoria más

La Justicia ha vuelto a darnos la razón, más bien… a ustedes. Como recordará, en septiembre de 2011 la OCU detectó que en más del 90% de las facturas emitidas por notarios y registradores por la cancelación de hipotecas revisadas por nuestra organización se había cobrado de más. Por supuesto, no nos quedamos con los brazos cruzados: denunciamos estos hechos ante las autoridades para que los consumidores que hubieran sufrido este abuso pudieran recuperar el dinero que se les había cobrado de más. De forma simultánea, el Gobierno aprobó un Real Decreto en se trataban de clarificar las rebajas en las tarifas que se habían aprobado en 2007, una iniciativa que notarios y registradores trataron de paralizar mediante un recurso ante el Tribunal Supremo. Pues bien, el propio Supremo ha emitido una resolución por la que se obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a estos profesionales para exigirles que devuelvan la millonaria cantidad que podrían haber cobrado de más en los últimos cuatro años (vea cómo recuperar su dinero en este artículo). Según nuestros propios cálculos, la cifra podría superar los 90 millones anuales. Y es que hay que tener en cuenta que, según la ley de 2007, la cancelación de una hipoteca (para una escritura de 10 páginas) deberían haber rondado los 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas analizadas por la OCU fue de ¡260 euros!

Sin salir del ámbito inmobiliario, estas últimas semanas se ha hablado mucho sobre los desahucios. El asunto, lejos de ser meramente económico, está generando uno de los problemas sociales más graves de nuestro país desde el inicio de la crisis. Y, ante esto, parecía que Gobierno y oposición iban a ponerse las pilas en la búsqueda de un acuerdo que diera como resultado un paquete de medidas de protección efectivas, lejos de caer en soluciones demagógicas, como la generalización de la dación en pago o la condonación total de las deudas. Al final, las medidas aprobadas siguen sin dar respuesta a dos cuestiones prioritarias: que se evite dejar en la calle a familias que no tienen dónde ir y que mantienen una deuda impagable, y que se busque una solución para las que ya han sido echadas de su casa. Por supuesto, defendemos que todo el mundo debe hacer frente a sus deudas, pero eso no quita para que se busquen alternativas eficientes para aquellos que ahora no pueden hacerlo. En definitiva, hace falta una profunda revisión del sistema que permita abordar este problema en profundidad.

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