La tormenta económica que padecemos es de tal calibre que parece ineludible adoptar medidas que palien los efectos sociales de la crisis, atajando una de las principales vías de agua: los desahucios.
Cada uno debe ser responsable de las decisiones económicas que haya adoptado libremente. La seguridad jurídica, el valor de los compromisos adquiridos y sobre todo el esfuerzo de millones de ciudadanos que se baten cada día por hacer frente a sus deudas, impiden que nos posicionemos en una postura populista de borrón y cuenta nueva para los deudores hipotecarios que no pueden pagar las cuotas de sus préstamos. Ni siquiera una necesaria y pendiente definición de las responsabilidades de muchos banqueros de nuestro país en esta situación nos permite obviar la responsabilidad personal de cada deudor, salvo casos de flagrante engaño, en sus propias decisiones.
Pero el principio de que las deudas hay que pagarlas no es compatible con el hecho de que personas que han cumplido mientras podían, se vean ahora abocadas a la exclusión social y a la desesperación personal, por efecto de un sistema de ejecución que aumenta el problema y envía familias a la calle, manteniendo la deuda, para entregar sus viviendas a una entidad que ni las quiere ni logra venderlas, y necesita ayudas. El absurdo.
La propuesta de OCU
Nuestra propuesta pasa por la participación de todas las partes implicadas en la adopción de medidas que contribuyan a corregir la injusticia.
Las familias que por insolvencia sobrevenida se vean abocadas a la ejecución de sus viviendas de residencia por impago de la hipoteca o por avalar la operación, deberían gozar de un derecho preferente de alquiler, frente al banco que recupera la propiedad del inmueble. Ese alquiler sería por un plazo elevado (diez años) y por una renta tasada, asequible a las posibilidades de pago del deudor. Estimamos esa renta máxima en un porcentaje sobre el valor al que se adjudique la vivienda la entidad financiera en la ejecución (podría ser un 2%).
Fijar la renta en proporción al valor de adjudicación contribuiría a que éste no sea demasiado bajo, y permita reducir la posible deuda pendiente.
Como contrapartida a las entidades, se podría prever la exención de IBI y tasas de basura para las viviendas sometidas a este régimen especial de alquiler, así como deducciones en el impuesto de sociedades.
La alternativa para la entidad sería la condonación de la deuda aún pendiente y la aceptación de la dación en pago. De ese modo, no regiría el derecho preferente de alquiler y la entidad podría vender o alquilar libremente la vivienda sin ocupantes.
Evitar que la deuda crezca desproporcionadamente
Creemos que muchas entidades podrían preferir la dación en pago al mantenimiento del deudor – inquilino, pero en caso contrario al menos se evitaría el doble efecto perverso para el usuario de perder su vivienda y seguir debiendo una suma elevada.
Además, para que la deuda no engorde artificialmente, habría que tomar otras medidas: tasar los intereses de demora (podría ser al interés legal), y declarar la adjudicación exenta de ITP y gastos notariales y registrales, que ahora recaen sobre el deudor.
Hemos trasladado nuestras propuestas al Gobierno y los principales partidos políticos, entre otras instituciones. Creemos que la adopción de medidas eficaces es una cuestión urgente.