La OCU en contra de la amnistía fiscal

Una de las muchas reformas fiscales que se han regulado en 2012 es lo que se conoce en la calle como “amnistía fiscal”, y que la Ley denomina “declaración tributaria especial para determinadas rentas”.

Esta amnistía pretende que contribuyentes, del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que en su día no cumplieron con sus obligaciones fiscales, lo hagan ahora voluntariamente. Para hacerlo, solo han de presentar una declaración para regularizar su situación tributaria antes del 30 de noviembre de este año, y pagar un 10% del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos no declarados.

Como premio por este acto de buena voluntad, Hacienda no les exigirá sanciones, ni intereses, ni recargos. Pero no contentos con la medida original, a finales de junio la Dirección General de Tributos, publicó un Informe en el que se advertía que ese tipo fijo del 10% no se iba aplicar a los bienes no declarados anteriores al ejercicio 2008 (que son los prescritos), sino solo a sus rendimientos. Imaginemos un contribuyente que no declaró una ganancia de 100.000 euros en 2007 y por la que hubiera tenido que pagar 18.000 euros. Si con esos 100.000 euros de ganancias no declaradas, se compró otro bien obteniendo otras ganancias de 3.000 euros en 2011, con la amnistía fiscal podrá regularizar 103.000 euros, de los que solo tributará 300 euros (el 10% de los 3.000 euros de ganancias no prescritas), sin sanción, ni recargos ni intereses. Si hubiera declarado ambas ganancias en su momento habría pagado 18.570 euros de impuestos.

La amnistía fiscal reduce como mínimo en 60 veces la carga tributaria frente a lo que habrían pagado de declararlo en su momento. La medida nos resulta deplorable y es claramente anticonstitucional porque contraviene el principio constitucional de igualdad tributaria, y además transmite el mensaje de que quien incumple acaba ganando, lo que con seguridad va a desincentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, aumentando el fraude y la falta de conciencia fiscal.