Socios de la OCU demandan al Consejo de Administración de Iberdrola

 Madrid, 06 de marzo de 2012.- Socios de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, agrupados por la OCU, han presentado una demanda con fecha 16 de febrero en los juzgados de lo mercantil de Madrid contra los miembros del Consejo de Administración de Iberdrola por la eliminación del derecho de suscripción preferente para sus accionistas en lampliación de capital llevada a cabo el pasado 14 de marzo de 2011, sin respetar los presupuestos legalmente exigidos.

En tal fecha, el Consejo de Administración de Iberdrola realizó una ampliación de 338.853.000 acciones que fueron suscritas directamente a Qatar Holding LLC, sin que éstas fueran ofrecidas de manera previa a sus accionistas ni emitidas respetando su valor razonable, tal y como recoge la legislación aplicable. En este punto hay que destacar que no fueron los propietarios de la compañía quienes tomaron esta decisión, sino sus administradores. Las nuevas acciones fueron adquiridas a un precio 34 céntimos más barato que el de mercado en aquel momento, lo que supone un 5.5% de descuento, en una operación que ascendió a 2.021 millones de euros. Además, el Consejo de Administración de Iberdrola vendió directamente a Qatar Holding LLC un paquete de acciones de su autocartera, que junto al otro paquete accionarial, le otorgan un 6,17% del capital social ampliado de la eléctrica, en lo que parece un claro movimiento corporativo de los administradores para aumentar su control sobre las decisiones de la sociedad, anteponiendo sus propios intereses a los de Iberdrola y sacrificando los derechos de los accionistas minoritarios de la compañía.

Por ello, 166 socios de la OCU y a la vez accionistas de Iberdrola, se han unido impulsados por la organización para presentar una demanda sobre responsabilidad de administradores sociales ante el flagrante perjuicio que ha supuesto esta decisión para todos ellos. No hay que olvidar que el derecho de suscripción preferente permite al accionista mantener la misma proporción en el capital resultante de una ampliación de capital. De no acudir a la ampliación, puede vender dicho derecho, con lo que el accionista no es penalizado por la ampliación. Este es un mecanismo clave de la legislación al que solo se puede renunciar total o parcialmente “en los casos en que el interés de la sociedad así lo exija, al decidir [la Junta General] el aumento del capital”. Es decir, deben decidirlo los accionistas, que son quienes, en última instancia, definen “el interés social” y deben valorar cuándo existe una exigencia real por la que estarían dispuestos a renunciar a uno de sus derechos, en particular cuando, como ocurrió en este caso, el valor de emisión de las nuevas acciones vaya a estar muy por debajo de su valor razonable o de mercado.

El perjuicio ocasionado por este movimiento corporativo para el pequeño inversor es doble. Por un lado es económico, puesto que no se les dejó comprar esas nuevas acciones más baratas ni se les compensó por no hacerlo, obviando claramente su soberanía. Por otro lado, es un perjuicio moral, puesto que este tipo de prácticas supone una declaración de intenciones y puede sentar un pésimo precedente para los pequeños inversores que ven sus derechos pisoteados por las grandes corporaciones. Y es que esta operación parece responder más bien a los intereses del Consejo de Administración que al de los accionistas o al de la sociedad.

Antes de presentar la demanda y como consecuencia del anuncio de la OCU de que sus socios afectados emprenderían acciones legales ante esta situación, la organización ha recibido un requerimiento por parte de Iberdrola para que cesara en la búsqueda de adhesiones a la acción judicial, hecho que no ha conseguido. Ahora se abre un proceso judicial largo en el que la OCU defenderá el derecho de los pequeños inversores asumiendo los costes iniciales de la demanda. En la web www.ocu.org, en el apartado de acciones colectivas, todos los accionistas que se hayan visto perjudicados por esta acción del Consejo de Iberdrola podrán encontrar toda la información para defender sus derechos.