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Una acción, un voto... por fin
hace 12 años - jueves, 30 de junio de 2011
Desde el 1 de julio entra en vigor la ley que prohíbe la limitación de los derechos de voto en las empresas cotizadas. Buenas noticias para los pequeños accionistas.
El 1 de julio entra en vigor, transcurrido un año desde su aprobación, la nueva Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, en la que, entre otras cosas, se prohíbe la limitación de los derechos de voto en las empresas cotizadas, unas de las reivindicaciones históricas de la OCU. Por mucho que desde algunos de los consejos de administración más reacios se haya tratado de frenar, incluso con recursos ante el Tribunal Supremo – alegando defectos de forma y perjuicio para los accionistas minoritarios (sic) –, por fin será norma legal el principio democrático de “una acción, un voto”. Y es que el Supremo, en el muy improbable caso de que dé la razón a los recurrentes, no puede anular ley alguna.
Esta nueva ley afectará directamente a empresas como Iberdrola o Repsol, las cuales consideramos interesantes. Y es que la supresión de los blindajes podría animar a los inversores institucionales a comprar paquetes de acciones que, sin alcanzar el control de la sociedad – lo cual les obligaría a lanzar una OPA –, animen la cotización de la sociedad. Es más fácil pues que sin estas limitaciones sus cotizaciones reflejen un valor más cercano a su valor “justo”. De hecho, estos blindajes, en retroceso tras la aprobación de los códigos de buen gobierno, han quedado defendidos únicamente por los consejos de administración más caciquiles. A principios de 2010 solo 14 de todas las empresas cotizadas en bolsa en España incluían una cláusula de este tipo en sus estatutos.
La supresión de los blindajes es un importante paso adelante, pero todavía queda mucho por recorrer en el ámbito del respeto al accionista. Por ejemplo, el hecho de que no sea obligatoria la aprobación del sueldo de sus consejeros por parte de la Junta de accionistas, sino que solo le sean presentadas dichas retribuciones a título informativo. En nuestra opinión, por muy bueno que sea un gestor cobrar 300 veces el salario medio de sus trabajadores raya lo inmoral. Animamos pues a que nuestras autoridades continúen el camino emprendido y se pase de las “recomendaciones” de buen gobierno a las “obligaciones” de buen gobierno.
