¿El fin de los blindajes?
Son muchos años ya los que desde la OCU llevamos abogando por
el buen gobierno de las empresas cotizadas, tratando de que sea norma común el
principio democrático de “una acción, un voto” e instando a la administración a
que tome medidas efectivas y no se limite a recomendaciones. Ahora, por fin,
parece que ha llegado la hora: la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso
- la cual tiene plena competencia legislativa – debatirá a mediados de
abril una propuesta concreta para actuar en tal sentido y con la que no podemos
sino estar completamente de acuerdo en lo que a la prohibición de limitar el
derecho de voto en cualquier sociedad cotizada se refiere.
Algo que afectará directamente a empresas como Iberdrola o
Repsol, las cuales consideramos baratas, pues es más fácil que sin estas
limitaciones sus cotizaciones reflejen un valor más cercano a su valor “justo”.
Y es que la supresión de los blindajes podría animar en efecto a los inversores
institucionales a comprar paquetes de acciones que, sin alcanzar el control de
la sociedad – lo cual les obligaría a lanzar una OPA –, animen la
cotización de la sociedad. De hecho estas figuras arcaicas y más cercanas al
capitalismo caciquil que al democrático, están siendo eliminadas motu
proprio por la mayoría de sociedades. A principios de 2009 sólo 14 de
todas las empresas cotizadas en Bolsa en España incluían una cláusula de este
tipo en sus estatutos (vea gráfico a continuación).
NÚMERO DE SOCIEDADES COTIZADAS CON LIMITACIONES AL DERECHO DE
VOTO
Cada vez son más las sociedades que
voluntariamente renuncian a limitar el derecho de voto a sus accionistas. Tan
sólo algunos consejos recalcitrantes defienden lo contrario.
El hecho de que algunos apoltronados consejeros hayan
desatado una campaña mediática en la que tratan de defender a capa y espada sus
privilegios abogando por la “maldad” o la “inoportunidad” de este cambio
normativo no nos ha sorprendido lo más mínimo. Por nuestra parte, sin embargo,
no podemos sino volver a reiterar nuestra postura y animar a los diferentes
grupos políticos integrantes de la citada Comisión a decir alto y claro
sí a este cambio normativo y no a los blindajes
corporativos.
