¿El fin de los blindajes?
Son muchos años ya los que desde la OCU llevamos abogando por el buen gobierno de las empresas cotizadas, tratando de que sea norma común el principio democrático de “una acción, un voto” e instando a la administración a que tome medidas efectivas y no se limite a recomendaciones. Ahora, por fin, parece que ha llegado la hora: la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso - la cual tiene plena competencia legislativa – debatirá a mediados de abril una propuesta concreta para actuar en tal sentido y con la que no podemos sino estar completamente de acuerdo en lo que a la prohibición de limitar el derecho de voto en cualquier sociedad cotizada se refiere.
Algo que afectará directamente a empresas como Iberdrola o Repsol, las cuales consideramos baratas, pues es más fácil que sin estas limitaciones sus cotizaciones reflejen un valor más cercano a su valor “justo”. Y es que la supresión de los blindajes podría animar en efecto a los inversores institucionales a comprar paquetes de acciones que, sin alcanzar el control de la sociedad – lo cual les obligaría a lanzar una OPA –, animen la cotización de la sociedad. De hecho estas figuras arcaicas y más cercanas al capitalismo caciquil que al democrático, están siendo eliminadas motu proprio por la mayoría de sociedades. A principios de 2009 sólo 14 de todas las empresas cotizadas en Bolsa en España incluían una cláusula de este tipo en sus estatutos (vea gráfico a continuación).
NÚMERO DE SOCIEDADES COTIZADAS CON LIMITACIONES AL DERECHO DE VOTO
Cada vez son más las sociedades que voluntariamente renuncian a limitar el derecho de voto a sus accionistas. Tan sólo algunos consejos recalcitrantes defienden lo contrario.
El hecho de que algunos apoltronados consejeros hayan desatado una campaña mediática en la que tratan de defender a capa y espada sus privilegios abogando por la “maldad” o la “inoportunidad” de este cambio normativo no nos ha sorprendido lo más mínimo. Por nuestra parte, sin embargo, no podemos sino volver a reiterar nuestra postura y animar a los diferentes grupos políticos integrantes de la citada Comisión a decir alto y claro sí a este cambio normativo y no a los blindajes corporativos.