La agencia Moody's ha hablado

La agencia ha hablado

No, no se trata de la CIA estadounidense ni de la Agencia Tributaria española; quien ha hablado, échense a temblar, ha sido Moody’s. Sí, la misma que, junto a Standard&Poor’s y Fitch, forman la Santísima Trinidad de las agencias calificadoras. A pesar de los sonoros patinazos cometidos en el pasado, como cuando calificaban a Lehman Brothers una entidad sin problemas de solvencia pocas semanas antes de su quiebra, su predicamento sigue siendo elevado. Algo que escandaliza a nuestras autoridades. No son pocas las voces que, desde el parlamento europeo, piden una agencia europea que reste poder a las anteriores. Pobre propuesta si los informes de solvencia siguen pagándolos los propios calificados y si no se modifica en profundidad la normativa financiera en vigor en la que se hace un acto de fe sobre las calificaciones emitidas por estas agencias.

Moody’s acaba de reafirmar a España (las emisiones de Deuda Pública del Estado) con su máxima calificación (Aaa), no sin advertir que aprecia un deterioro significativo en su solvencia y espera un deterioro adicional, por lo que en una futura revisión podría dejar a España fuera del grupo de máximo estatus. La tormenta en el Mar Egeo amaina pero la marejada no cesa. El diferencial de la Deuda española respecto a la alemana se mantiene en 0,7%, esto es, las obligaciones germanas a diez años rentan un 3,16% frente al 3,85% de las españolas. Cuidado pues con la renta fija a más largo plazo, pues una revisión a la baja podría hacer caer su valor.

Mayor varapalo sufrieron hace unos días (vea artículo) las emisiones subordinadas emitidas por bancos y cajas españoles, colocando muchas de ellas dentro del estatus de “bono basura”. Y no nos extraña; de no obtener beneficios suficientes, tendrían que dejar de pagar los cupones de dichas emisiones y los inversores darlos por perdidos. Esto sin embargo no debería hacerle temer por sus depósitos en estas entidades, siempre que no superen los 100.000 euros por titular con los que le indemnizaría el Fondo de Garantía si la entidad no pudiese devolvérselos.