Las normas de conducta establecidas por la
legislación vigente del mercado de valores imponen a las entidades que prestan
servicios de inversión el deber de actuar en defensa del mejor interés para sus
clientes, y les exige mantenerles en todo momento adecuadamente informados.
Obligaciones de diligencia, transparencia e información que ciertas entidades
siguen saltándose a la torera. Pero, afortunadamente, el inversor de a pie cada
vez es más consciente de que, ante tal incumplimiento, no puede quedarse de brazos
cruzados.
De hecho, a través de los “Casos Vividos” que
recogemos regularmente en esta página web, solemos hacernos eco de ciertos
casos que han acabado ante los tribunales de justicia, y en los que finalmente se
ha fallado a favor del inversor y su derecho a estar informado. Una vez más,
queremos hacerle partícipe de una sentencia emitida por un juzgado de Barcelona
en la que responsabiliza a una entidad del grueso de la pérdida sufrida por uno
de sus clientes con las acciones en las que le propuso invertir. Una sentencia
que, aun no siendo firme, suscita para los usuarios de servicios de inversión
un doble interés.
Por un lado, aun tratándose de un simple
contrato de depósito de valores, el juez estima que, al quedar demostrada una
labor de gestión asesorada por parte de la entidad, ésta incumplió con su deber
de información para con el cliente porque, justo cuando sus acciones empezaron
a caer en picado, la entidad no le advirtió de ello, tal y como se había comprometido
en su folleto publicitario. Y por otro, al estimar que tal folleto tiene
carácter contractual según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios - de ahí que estime el incumplimiento por parte de la entidad de
sus obligaciones contractuales de información – la sentencia enmarca la
protección del inversor dentro de la legislación de consumo, la cual algunos
tribunales se olvidan de aplicar – injustificadamente en nuestra
opinión – al analizar asuntos financieros.
