La OCU y sus prioridades en materia de consumo

LA OCU Y SUS PRIORIDADES EN MATERIA DE CONSUMO

 

Ante las elecciones del 9 de marzo: la OCU remite a los partidos políticos 13 reivindicaciones básicas en materia de consumo

 

          Madrid, 7 de febrero de 2008. La OCU ha hecho llegar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria 13 prioridades ante las elecciones generales del 9 de marzo. Hasta ahora, la política de consumo, que afecta a todos los ciudadanos, no ha tenido un claro reflejo en los programas electorales de los diferentes partidos políticos. De forma habitual, los asuntos de consumo se abordan de manera parcial y sectorial. Se echa de menos una visión global que permita afrontar la defensa de los derechos de los consumidores de una forma más eficaz.

          La OCU considera que es necesario trasladar a los partidos políticos y a las instituciones, las necesidades y problemas que, a su vez, nos han trasladado los consumidores durante estos cuatros años, para que de esta manera se tome buena nota y queden reflejadas en los programas electorales:

1. Liberalización de la energía. Debe procederse a la revisión íntegra  de los mecanismos de fijación de tarifas, para que el consumidor pague por el precio real de la energía de forma transparente.
2. Vivienda. Es necesario tomar medidas estructurales a largo plazo para potenciar el alquiler y devolverle su prestigio, que se integre en un plan global que acabe con la especulación y ataque el injustificado incremento del precio de la vivienda en propiedad.
3. Sobreendeudamiento. Ante la magnitud que ha cobrado este problema, es imprescindible adoptar una legislación que proteja al consumidor en esta situación.
4. Procedimientos concursales. La OCU propone la mejora del tratamiento de los consumidores en los procedimientos concursales, que sean considerados acreedores preferentes, para garantizar al máximo sus derechos económicos.
5. Política de consumo. Es necesario la creación de una Secretaría de Consumo dentro del Ministerio de Economía, mientras tanto se debe modificar el Instituto Nacional de Consumo, dándole estatuto de Agencia Española del Consumo, con un presidente con rango de secretario de Estado.
6. Revisión del acervo comunitario en materia de consumo. La OCU pide al Gobierno que defienda la posibilidad de que el nuevo régimen permita la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros puedan seguir legislando en esta materia.
7. Reclamaciones de consumo. Para mantener el nivel de protección de los consumidores, la OCU plantea que, para las reclamaciones de pequeña cuantía, se establezca un procedimiento que finalice en un requerimiento de la Administración al sujeto infractor para que satisfaga la reclamación del consumidor.
8. Publicidad engañosa. La OCU reclama una revisión integral de los mecanismos de control de la publicidad y, al mismo tiempo, que las administraciones hagan uso de su capacidad coercitiva para cesar la emisión de campañas de publicidad engañosa.
9. Seguridad de los productos. La OCU propone la creación de una Agencia Nacional de Seguridad  de los Productos que se encargue de la coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones y de la información sobre riesgos y productos defectuosos para el consumidor.
10. Consumo sostenible. La OCU considera necesario orientar al consumidor hacia un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, intensificando las campañas públicas de sensibilización social.
11. Atención Sanitaria. La OCU pide un sistema general de información sobre las listas de espera que sea público, transparente y comparable. Que se garantice por ley tiempos máximos de espera en las distintas etapas de la atención sanitaria, para que los ciudadanos no sufran demoras excesivas.
12. Medidas contra el tabaquismo. La OCU propone una modificación de la actual ley para que no se permita fumar en ningún espacio público compartido y el endurecimiento de la fiscalidad del tabaco.
13. Derecho de huelga. Es imprescindible regularlo a través de una ley que garantice lo dispuesto en la Constitución y evite, en especial en los servicios de interés general, los abusos contra los consumidores cometidos por determinados colectivos de trabajadores de esos sectores estratégicos.