La defensa de los derechos de los inversores
particulares y de los pequeños accionistas nos ha llevado a prestar especial
atención a la evolución de la política de gobierno corporativo de las empresas.
Según la última valoración que hemos realizado, las empresas aún tienen
asignaturas pendientes.
GESTIÓN EFICAZ Y LEAL
Una empresa cotizada bien gestionada es aquella que,
tanto en el corto como sobre todo en el largo plazo, no sólo
realiza una gestión económica eficaz (esto es, aquella que gracias a su
actividad puede pagar todos los bienes y recursos utilizados – personal,
materiales, dinero prestado, etc. - y ganar dinero), sino que además
realiza una gestión leal. Esto implica que sus beneficios van a parar,
de forma equitativa y proporcional a sus accionistas, los que se están jugando
su dinero. Y para ello resulta esencial que los accionistas puedan hacer oír su
voz en las decisiones de la compañía, que a su vez ésta se les muestre
transparente y que se pueda controlar a los responsables de adoptar las
decisiones más importantes (el consejo de administración).
A la hora de evaluar tal gestión leal, que se
engloba bajo el concepto de gobierno corporativo, no
existe ninguna vara de medición estandarizada como sí puede tenerla la gestión
económica (a través de indicadores como el beneficio por acción, el flujo de
caja, los dividendos…). Nosotros en concreto evaluamos, desde hace ya cinco
años, este buen gobierno basándonos en un conjunto de“mandamientos” que hemos
ido afinando (vea a continuación), publicamos nuestra evaluación para cada
empresa de nuestra selección en nuestro Suplemento de
Acciones (puede suscribirse a él llamando al 902 300 188/ 913 009
154, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00) e integramos tal medición en
nuestra evaluación de riesgo.
Una nueva evaluación
completa
Como todos los años, hemos analizado junto a nuestras
organizaciones hermanas de Italia, Bélgica, Portugal y Luxemburgo, las prácticas
de buen gobierno de unas 350 empresas cotizadas en
Europa y en EEUU.
El resultado obtenido por el conjunto de estas
empresas (que esta vez no es del todo comparable con
el precedente – de 2008 - pues hemos afinado algunos de nuestros
criterios) ha sido un “aprobado raspado” al lograr una nota media de
5,1 puntos sobre 10 (dentro de un rango comprendido entre 1
– el peor gobierno posible - y 10 – el mejor posible –).
Salta a la vista que aún queda mucho por hacer en materia de buen gobierno
corporativo.
De hecho, llega a convertirse en una asignatura pendiente
para el conjunto de esas 58 empresas
españolas analizadas que logran una media de 4,9
puntos sobre 10:
EN PROFUNDIDAD
Hemos agrupado en tres categorías la veintena de criterios
que hemos evaluado para cada empresa, veámoslos.
Respeto de los derechos de los
accionistas
En esta materia, esencial para nosotros, las empresas
españolas han resultado ser los alumnos aventajados, con una nota
media de 6,7 puntos. Eso sí, buena parte del mérito en esta calificación
corresponde al profesor más que al alumno, pues el esfuerzo normativo realizado
en España en los últimos años hace que las empresas se vean obligadas
legalmente a respetar a sus accionistas (cuando tal respeto es de carácter
voluntario, no son tan cumplidoras).
- Para nosotros, el principio de una acción
equivale a un voto es
esencial. Al aunarse intereses económicos (una acción) y políticos (un voto), se
garantiza que los directivos actúen siempre a favor de todos los accionistas
(grandes y pequeños). Nos parece sorprendente que cerca del 40% de las empresas
analizadas se siga distanciado todavía de este principio, aunque como ya hemos
adelantado no sea un incumplimiento tan flagrante en el caso de las españolas
donde “sólo” el 18% de las empresas analizadas no lo respeta a rajatabla. En el
caso de España. la eliminación de las “acciones de oro” – que algunos
países como Portugal aún mantienen (no hace mucho el Gobierno luso ejerció la
suya en Portugal Telecom) y detrás de las cuales subyace la intención de
“proteger” a ciertas empresas de eventuales OPA que no sean del agrado del
gobierno de turno - así como la actuación normativa (prohibiendo p.ej. los
blindajes a partir de mediados de 2011) nos hace avanzar bastante en este
campo.
- Pero el respeto de los derechos de los accionistas no
se limita a este principio. También nos oponemos a aquellas medidas
que permiten al consejo de administración diluir los intereses económicos de los
que ya son accionistas de la empresa en beneficio de otros. Así sucede p.ej,
cuando una empresa amplía capital y no otorga a sus
actuales accionistas ningún derecho de suscripción
preferente. En nuestro estudio, han sido sólo empresas españolas y
estadounidenses las que han realizado prácticas de este tipo en los últimos tres
años. Por tanto, volveremos a pedir al regulador que de un nuevo paso normativo
y prohíba privar de tal derecho a todos los accionistas de empresas
cotizadas.
- Los mecanismos que en la práctica permiten a
los accionistas convocar una asamblea
general (sin que para ello necesiten ostentar un elevado
porcentaje del capital de la empresa), canalizar sus propuestas o ejercer su
derecho de voto son otros factores esenciales a la hora de juzgar el respeto con
el que son tratados por su empresa. En este sentido, España dio un gran paso al
obligar a las empresas a instaurar métodos para el ejercicio del voto a
distancia.
- Vistos los excesos producidos en los últimos años en lo
que respecta a las remuneraciones de los principales
directivos, creemos que los accionistas deberían aprobar
expresamente tales remuneraciones en Junta. Una corriente a nivel mundial se
está desarrollando en esta dirección y cerca de un 15% de las empresas
analizadas han sometido a votación tal punto en sus juntas, eso sí las más de
las veces de forma conjunta para todo el Consejo o alta dirección y con carácter
meramente consultivo.
Funcionamiento del Consejo de Administración
La reciente debacle del sector bancario ha puesto en
evidencia la falta de diligencia de muchos de estos Consejos, algunos de los
cuales parecen haberse enterado por la prensa de lo que ocurría en sus empresas.
Es en este punto, respecto al cual la normativa española es más laxa, en el que
las empresas de nuestro país sacan una peor nota. El Consejo infalible, órgano
en el que los accionistas depositan su confianza para que vele por sus
intereses, no existe pero creemos que hay medidas que pueden ayudar a
conseguirlo:
-
No se debe concentrar mucho poder en una sola
persona.Por ello, el primer ejecutivo de la compañía y el
presidente del Consejo deberían ser personas distintas. Pero solo es así en el
30% de las empresas analizadas (46% en las españolas).
-
El Consejo debe estar integrado en su mayoría por
consejeros independientes (salvo que un accionista posea
más del 50% de la sociedad), algo que sólo ocurre en el 47% de las empresas
(18% en las españolas). En todo caso, no deberían poder perpetuarse en su
cargo. Creemos que debería revisarse anualmente la composición de dichos
Consejos (apenas un 10% de las empresas analizadas lo hace así), en lugar de
hacerse cada 3 o 4 años como es habitual. Además, debería limitarse el número
de años de permanencia en dicho órgano (en España apenas una de cada 4
empresas llega a poner un límite temporal, siendo apenas el 12% las que fijan
en 4 años o menos dicho límite).
-
Las comisiones de auditoría y de retribuciones
deberían estar integradas exclusivamente por independientes. Algo
que en España es excepcional en vez de serlo por norma.
Transparencia
Cuando una compañía no se presta a la transparencia es
probable que sea porque tenga algo que ocultar. A la hora de elaborar este
estudio de gobierno corporativo, lo primero que hacemos es remitir un
cuestionario a las empresas analizadas pidiéndoles su
colaboración. Pero solo 4 de cada diez nos responden
(40%), y menos aún en el caso de las españolas: una de cada 3 (el 33%). Además
poder disponer dentro de unos plazos razonables de información fiable sobre
los resultados o la evolución de una empresa es lo
mínimo a lo que podemos tener derecho como accionistas de la misma. Sin embargo,
hoy por hoy la publicación por parte de las empresas de sus resultados
trimestrales no está por lo general lo suficientemente detallada y menos aún
cuando se trata de la retribución de sus directivos. Y es que cuando
informan de las retribuciones, en muchos casos los
accionistas no pueden más que echarse las manos a la cabeza: la remuneración
media de un director general ronda 46 veces la de sus empleados. En España
podría decirse que, con 36 veces, son más limitadas pero es que son muchas más
las empresas españolas que ocultan tales emolumentos que las que los hacen
públicos. Mucho nos tememos que se oculten los más jugosos. Y por ahí deben
andar los tiros pues el 55% de las empresas españolas (frente al 40% del total
de la muestra) afirma que la indemnización en caso de despido para su
director general supera un año de salario. Una información mucho más
transparente sobre estos asuntos se hace imprescindible.
CONCLUSIÓN
Si cada vez concedemos más importancia al buen gobierno de
las empresas no es sólo por nuestra preocupación por el respeto de los derechos
de sus accionistas. También es porque cada vez se publican más estudios que
demuestran que las empresas que hacen gala de un buen gobierno resultan
más rentables y su evolución en Bolsa es mejor que la
de aquellas cuyas prácticas en la materia dejan mucho que desear. Otros estudios
demuestran asimismo que existe una correlación entre el buen gobierno de una
empresa y su volatilidad: aquellas empresas que sobresalen en prácticas de buen
gobierno suelen presentar por lo general un menor riesgo, algo que también
nosotros tenemos en cuenta en la calificación de riesgo que asignamos a cada
empresa.
