El buen gobierno de las empresas

La defensa de los derechos de los inversores particulares y de los pequeños accionistas nos ha llevado a prestar especial atención a la evolución de la política de gobierno corporativo de las empresas. Según la última valoración que hemos realizado,  las empresas aún tienen asignaturas pendientes.

GESTIÓN EFICAZ Y LEAL

Una empresa cotizada bien gestionada es aquella que, tanto en el corto como sobre todo en el largo plazo, no sólo realiza una gestión económica eficaz (esto es, aquella que gracias a su actividad puede pagar todos los bienes y recursos utilizados – personal, materiales, dinero prestado, etc. - y ganar dinero), sino que además realiza una gestión leal. Esto implica que sus beneficios van a parar, de forma equitativa y proporcional a sus accionistas, los que se están jugando su dinero. Y para ello resulta esencial que los accionistas puedan hacer oír su voz en las decisiones de la compañía, que a su vez ésta se les muestre transparente y que se pueda controlar a los responsables de adoptar las decisiones más importantes (el consejo de administración).

A la hora de evaluar tal gestión leal, que se engloba bajo el concepto de gobierno corporativo, no existe ninguna vara de medición estandarizada como sí puede tenerla la gestión económica (a través de indicadores como el beneficio por acción, el flujo de caja, los dividendos…). Nosotros en concreto evaluamos, desde hace ya cinco años, este buen gobierno basándonos en un conjunto de“mandamientos” que hemos ido afinando (vea a continuación),  publicamos nuestra evaluación para cada empresa de nuestra selección en nuestro Suplemento de Acciones (puede suscribirse a él llamando al 902 300 188/ 913 009 154, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00)  e integramos tal medición en nuestra evaluación de riesgo.

Una nueva evaluación completa

Como todos los años, hemos analizado junto a nuestras organizaciones hermanas de Italia, Bélgica, Portugal y Luxemburgo, las prácticas de buen gobierno de unas 350 empresas cotizadas en Europa y en EEUU.

El resultado obtenido por el conjunto de estas empresas (que esta vez no es del todo comparable con el precedente – de 2008 - pues hemos afinado algunos de nuestros criterios) ha sido un “aprobado raspado” al lograr una nota media de 5,1 puntos sobre 10 (dentro de un rango comprendido entre  1 – el peor gobierno posible - y 10 – el mejor posible –). Salta a la vista que aún queda mucho por hacer en materia de buen gobierno corporativo.

De hecho, llega a convertirse en una asignatura pendiente para el conjunto de esas 58 empresas españolas analizadas que logran una media de 4,9 puntos sobre 10:

EN PROFUNDIDAD

Hemos agrupado en tres categorías la veintena de criterios que hemos evaluado para cada empresa, veámoslos.

Respeto de los derechos de los accionistas

En esta materia, esencial para nosotros, las empresas españolas han resultado ser los alumnos aventajados, con una nota media de 6,7 puntos. Eso sí,  buena parte del mérito en esta calificación corresponde al profesor más que al alumno, pues el esfuerzo normativo realizado en España en los últimos años hace que las empresas se vean obligadas  legalmente a respetar a sus accionistas (cuando tal respeto es de carácter voluntario, no son tan cumplidoras).

- Para nosotros, el principio de una acción equivale a un voto es esencial. Al aunarse intereses económicos (una acción) y políticos (un voto), se garantiza que los directivos actúen siempre a favor de todos los accionistas (grandes y pequeños). Nos parece sorprendente que cerca del 40% de las empresas analizadas se siga distanciado todavía de este principio, aunque como ya hemos adelantado no sea un incumplimiento tan flagrante en el caso de las españolas donde “sólo” el 18% de las empresas analizadas no lo respeta a rajatabla. En el caso de España. la eliminación de las “acciones de oro” – que algunos países como Portugal aún mantienen (no hace mucho el Gobierno luso ejerció la suya en Portugal Telecom) y detrás de las cuales subyace la intención de “proteger” a ciertas empresas de eventuales OPA que no sean del agrado del gobierno de turno - así como la actuación normativa (prohibiendo p.ej. los blindajes a partir de mediados de 2011) nos hace avanzar bastante en este campo.

- Pero el respeto de los derechos de los accionistas no se limita a este principio. También nos oponemos a aquellas medidas que permiten al consejo de administración diluir los intereses económicos de los que ya son accionistas de la empresa en beneficio de otros. Así sucede p.ej, cuando una empresa amplía capital y no otorga a sus actuales accionistas ningún derecho de suscripción preferente. En nuestro estudio, han sido sólo empresas españolas y estadounidenses las que han realizado prácticas de este tipo en los últimos tres años. Por tanto, volveremos a pedir al regulador que de un nuevo paso normativo y prohíba privar de tal derecho a todos los accionistas de empresas cotizadas.

- Los mecanismos que en la práctica permiten a los accionistas convocar una asamblea general (sin que para ello necesiten ostentar un elevado porcentaje del capital de la empresa), canalizar sus propuestas o ejercer su derecho de voto son otros factores esenciales a la hora de juzgar el respeto con el que son tratados por su empresa. En este sentido, España dio un gran paso al obligar a las empresas a instaurar métodos para el ejercicio del voto a distancia.

- Vistos los excesos producidos en los últimos años en lo que respecta a las remuneraciones de los principales directivos, creemos que los accionistas deberían aprobar expresamente tales remuneraciones en Junta. Una corriente a nivel mundial se está desarrollando en esta dirección y cerca de un 15% de las empresas analizadas han sometido a votación tal punto en sus juntas, eso sí las más de las veces de forma conjunta para todo el Consejo o alta dirección y con carácter meramente consultivo.

Funcionamiento del Consejo de Administración

La reciente debacle del sector bancario ha puesto en evidencia la falta de diligencia de muchos de estos Consejos, algunos de los cuales parecen haberse enterado por la prensa de lo que ocurría en sus empresas. Es en este punto, respecto al cual la normativa española es más laxa, en el que las empresas de nuestro país sacan una peor nota. El Consejo infalible, órgano en el que los accionistas depositan su confianza para que vele por sus intereses, no existe pero creemos que hay medidas que pueden ayudar a conseguirlo:

• No se debe concentrar mucho poder en una sola persona.Por ello, el primer ejecutivo de la compañía y el presidente del Consejo deberían ser personas distintas. Pero solo es así en el 30% de las empresas analizadas (46% en las españolas).
• El Consejo debe estar integrado en su mayoría por consejeros independientes (salvo que un accionista posea más del 50% de la sociedad), algo que sólo ocurre en el 47% de las empresas (18% en las españolas). En todo caso, no deberían poder perpetuarse en su cargo. Creemos que debería revisarse anualmente la composición de dichos Consejos (apenas un 10% de las empresas analizadas lo hace así), en lugar de hacerse cada 3 o 4 años como es habitual. Además, debería limitarse el número de años de permanencia en dicho órgano (en España apenas una de cada 4 empresas llega a poner un límite temporal, siendo apenas el 12% las que fijan en 4 años o menos dicho límite). 
• Las comisiones de auditoría y de retribuciones deberían estar integradas exclusivamente por independientes. Algo que en España es excepcional en vez de serlo por norma. 

Transparencia

Cuando una compañía no se presta a la transparencia es probable que sea porque tenga algo que ocultar. A la hora de elaborar este estudio de gobierno corporativo, lo primero que hacemos es remitir un cuestionario a las empresas analizadas pidiéndoles su colaboración. Pero solo 4 de cada diez nos responden (40%), y menos aún en el caso de las españolas: una de cada 3 (el 33%). Además poder disponer dentro de unos plazos razonables de información fiable sobre los resultados o la evolución de una empresa es lo mínimo a lo que podemos tener derecho como accionistas de la misma. Sin embargo, hoy por hoy la publicación por parte de las empresas de sus resultados trimestrales no está por lo general lo suficientemente detallada y menos aún cuando se trata de la retribución de sus directivos.  Y es que cuando informan de las retribuciones, en muchos casos los accionistas no pueden más que echarse las manos a la cabeza: la remuneración media de un director general ronda 46 veces la de sus empleados. En España podría decirse que, con 36 veces, son más limitadas pero es que son muchas más las empresas españolas que ocultan tales emolumentos que las que los hacen públicos. Mucho nos tememos que se oculten los más jugosos. Y por ahí deben andar los tiros pues el 55% de las empresas españolas (frente al 40% del total de la muestra) afirma que  la indemnización en caso de despido para su director general supera un año de salario. Una información mucho más transparente sobre estos asuntos se hace imprescindible.

CONCLUSIÓN

Si cada vez concedemos más importancia al buen gobierno de las empresas no es sólo por nuestra preocupación por el respeto de los derechos de sus accionistas. También es porque cada vez se publican más estudios que demuestran que las empresas que hacen gala de un buen gobierno resultan más rentables y su evolución en Bolsa es mejor que la de aquellas cuyas prácticas en la materia dejan mucho que desear. Otros estudios demuestran asimismo que existe una correlación entre el buen gobierno de una empresa y su volatilidad: aquellas empresas que sobresalen en prácticas de buen gobierno suelen presentar por lo general un menor riesgo, algo que también nosotros tenemos en cuenta en la calificación de riesgo que asignamos a cada empresa.