La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aprobada el año pasado, establece la obligación de suministrar información sobre las monedas virtuales que estén situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición. Esta norma ha hecho surgir dudas sobre la obligación de incluir las criptomonedas en el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero de 2021, cuyo plazo finaliza el 31 de marzo.