El cierre de varias clínicas dentales Oral Studio en Cataluña y Aragón viene a sumarse a otras desapariciones de centros privados de salud y estética en los últimos meses. De la noche a la mañana los usuarios se encuentran con las puertas cerradas y los tratamientos, en algunos casos ya comenzados y pagados, a medias. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a todos los usuarios afectados cómo actuar y recuerda que esta empresa tiene hasta 15 clínicas dentales repartidas en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Madrid y Murcia).

1. Recopilar y guardar toda la documentación que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas, presupuestos.

2. Ponerse en contacto con la clínica, presentando una reclamación por escrito, dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico. Si la clínica está cerrada, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web o en el Registro Mercantil.

3. Reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles: no finalizar el tratamiento, pérdida del dinero adelantado, etc.

4. En caso de haber sufrido una mala praxis deben presentar una reclamación ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma. Si, además, hubiera daños, es aconsejable pedir un informe a un dentista para poder luego reclamar judicialmente y comunicarlo al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la provincia.

5. Si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible. Si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta no es satisfactoria, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.

En caso de que la empresa presente concurso de acreedores, es difícil que los afectados puedan recuperar las cantidades reclamadas, ya que la ley sitúa a los consumidores como los últimos en la lista. OCU reclama que se tomen medidas para evitar que queden desprotegidos los usuarios ante casos como estos:

• Una mejor regulación de la prestación de estos servicios que garanticen los derechos de los usuarios en casos de cierre.

   

• Que se realicen campañas de inspección y mayores controles para garantizar que cuando un usuario acude a una clínica reciba un trato adecuado y profesional.

   

• Por último, es necesaria y urgente una modificación de los procedimientos concursales para que los créditos a los consumidores gocen de privilegio frente al resto de acreedores.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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