La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para reclamar medidas eficaces frente a la ocupación y la inquiocupación de viviendas, dos fenómenos que no cesan y siguen generando preocupación social, al tiempo que contribuyen a agravar la actual crisis del mercado inmobiliario en España.

La iniciativa busca elevar la presión sobre los poderes públicos para que actúen con decisión ante una situación que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, también perjudicados por la desconfianza que afecta al mercado del alquiler. OCU considera que la falta de respuestas ágiles y equilibradas está desincentivando la puesta en alquiler de viviendas, reduciendo aún más la oferta disponible.

En este contexto, OCU plantea seis acciones concretas.

1. Datos públicos fiables sobre la magnitud de la ocupación y la inquiocupación para abordarla en su justa medida. La Administración tiene acceso a estos datos a través de la policía, los juzgados y Hacienda. Debería centralizarlos e informar sobre su incidencia real, dónde se concentran los problemas o cuánto se tarda en recuperar la vivienda.

2. Un plan de vivienda ambicioso para construir nuevas casas, aprovechar las infrautilizadas y movilizar las que están vacías. La oferta actual es insuficiente frente a una demanda creciente (258.000 hogares nuevos solo en 2025). También en vivienda pública: frente a un déficit de 700.000 viviendas, en los últimos dos años solo se promovieron 2.318.

3. Una dotación suficiente para que los servicios sociales atiendan a las personas vulnerables, ya que es la propia Administración quien debe socorrerlas y proporcionarles un techo digno, no los propietarios. De hecho, los pocos datos disponibles sugieren que estos problemas afectan más a los propietarios con menos ingresos y casas de menor valor.

4. Seguridad jurídica sobre el derecho a la propiedad y al alquiler. Para un pequeño propietario el alquiler es lo más cómodo y lo más rentable fiscalmente, pero muchos prefieren el alquiler turístico o de temporada por miedo a medidas cambiantes: suspensión de desahucios, limitación de la renta en áreas tensionadas, extensión de prórrogas, etc.

5. Procedimientos claros y abreviados para recuperar la vivienda. Con plazos tasados y reducidos para los procedimientos judiciales y los servicios sociales. Y la posibilidad de un desalojo rápido, no solo al inicio de una ocupación. Si el propietario puede recuperar rápidamente su propiedad, no será tan restrictivo en la selección del inquilino.

6. Compensaciones automáticas o medidas equivalentes para propietarios afectados por la suspensión de un desahucio. Aunque la compensación está reconocida, resulta deficiente: debe solicitarse de forma expresa con un procedimiento farragoso que no reconoce deterioro ni pérdida de valor del inmueble, pero tampoco el lucro cesante o los daños personales.

Como parte de esta campaña, OCU pone a disposición de los consumidores dos breves guías con información práctica para prevenir situaciones de ocupación e inquiocupación y consejos sobre cómo actuar si el problema ya se ha producido. El objetivo es ofrecer herramientas útiles, fomentar la prevención y contribuir a un mercado de la vivienda más justo, seguro y sostenible para todas las partes implicadas.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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