La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la medida del Gobierno de topar la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) no supondrá una reducción real del importe que abonarán los hogares, sino únicamente un aplazamiento de parte del coste energético que deberá recuperarse posteriormente a través de futuras revisiones tarifarias.

Según los cálculos realizados por OCU, el componente energético incorporado a la fórmula de la TUR experimentaría entre octubre y diciembre de 2026 un incremento cercano al 100% como consecuencia de la evolución de los mercados energéticos. De haberse aplicado íntegramente ese aumento, el precio final habría crecido en torno a tres céntimos por kilovatio hora y tendría como resultado una factura anual de unos 900 euros para un hogar con un consumo anual de 9000 kWh. El nuevo mecanismo aprobado por el Gobierno limita temporalmente esa subida al 35% en octubre de este año y un 15% en enero de 2027 retrasando el impacto inmediato sobre los consumidores a aproximadamente un céntimo por kilovatio hora, lo que dejará la factura anual en alrededor de 700 euros para ese mismo hogar.

OCU considera positivo que se adopten medidas dirigidas a mitigar el efecto de la volatilidad energética sobre las economías familiares, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre y la presión sobre el coste de la vida. No obstante, el nuevo sistema no reduce realmente el coste del gas para los hogares con tarifa TUR. Una vez finalizado el periodo de aplicación, la nueva tarifa TUR de abril de 2027 volverá a calcularse mediante la metodología ordinaria, sin mecanismos extraordinarios de limitación. OCU alerta de que para entonces se habrá generado una deuda con las comercializadoras de referencia (intereses incluidos) que deberá recuperarse de forma íntegra a través de la misma tarifa.

La organización expresa además su preocupación por las consecuencias que este modelo puede tener sobre la libertad de elección de comercializadora para los consumidores. En concreto, critica que aquellos usuarios que decidan abandonar la TUR antes de que se haya recuperado completamente la deuda acumulada deban asumir la parte pendiente que les corresponda. A juicio de OCU, esta obligación introduce una barrera que puede condicionar la capacidad de los consumidores para cambiar libremente de comercializadora en busca de mejores condiciones económicas o de un servicio más adaptado a sus necesidades. Lo que genera, de facto, un efecto similar al de un compromiso de permanencia con la TUR. Es más, este nuevo mecanismo introduce una gran confusión al consumidor que desconocerá el coste final del gas que está consumiendo y lo que podría ahorrar con una oferta en el mercado libre.

Por todo ello, la organización reclama que el coste derivado de la limitación temporal de la TUR se traslade directamente a una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como ya se hizo durante la guerra de Ucrania.

OCU critica además que las medidas fiscales se aplacen un mes, una vez terminado octubre. Como ya ocurrió con anteriores disposiciones normativas, la entrada en vigor de las rebajas tributarias durante noviembre y diciembre dependerán de determinados indicadores de inflación. De cumplirse las condiciones previstas, podrían activarse medidas como la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10% para suministros con una potencia contratada de hasta 10 kW, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos.

En cualquier caso, OCU recomienda a los consumidores registrarse a su X Compra Colectiva de Energía, que bajo el lema Una sola voz, miles de hogares, busca reunir el mayor número posible de usuarios para negociar mejores tarifas de gas y luz con las comercializadoras. OCU recuerda que la participación es gratuita y sin compromiso a través de la web Quiero pagar menos luz. El año pasado se inscribieron más de 33.000 usuarios que consiguieron un ahorro medio de 75 euros anuales solo en electricidad.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de profesionales de OCU que, en colaboración con otras organizaciones de consumidores miembros de Euroconsumers y una red de laboratorios certificados, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan más de 160.000 socios activos y 1.590.000 simpatizantes.

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