La entrada en vigor el pasado 28 de diciembre de la Ley SAC de Servicios de Atención a la Clientela no ha conseguido por el momento reducir el Spam telefónico, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Una encuesta de la organización a una muestra representativa de la población española de entre 25 y 94 años revela que el 98% de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. Es más, lejos de mejorar, la situación ha empeorado: de un año para otro el número de personas que reciben más de 10 llamadas al mes ha aumentado del 37% al 58%.

OCU advierte que habrá que esperar a que transcurra el plazo de adaptación de 12 meses de la Ley SAC (hasta 28/12/2025) para confirmar su alcance real. Mientras tango, urge a las empresas que comercializan servicios básicos (gas y luz pero también telecomunicaciones, transporte, agua o finanzas) a que empiecen a utilizar los prefijos 400 en sus llamadas comerciales, una norma obligatoria a partir del próximo octubre que al menos permitirá distinguir estas llamadas del resto; y rechazarlas sí así se desea. Pero también urge a la Administración un registro público que identifique su procedencia, de modo que el usuario pueda saber quién le llama y denunciar posibles abusos.

No obstante, OCU recuerda a los usuarios que un nuevo contrato que se origine con una llamada comercial no consentida se considera no válido. Es más, desde el próximo 12 de junio se prohíbe la contratación telefónica del suministro de electricidad, salvo petición previa del usuario o que la llamada haya sido iniciada por él; una condición que la organización espera que se extienda al suministro de gas. En estos casos anima a reclamar a la compañía por escrito, identificando las fechas y el tipo de llamada recibida. Bien personalmente o a través de Reclamar, una herramienta especialmente creada por la Organización de Consumidores y Usuarios para trasladar directamente su demanda a la compañía denunciada.

Por último, OCU destaca las molestias que estas malas prácticas causan a los usuarios, que se ven obligados a desarrollar distintas estrategias. Unas más efectivas que otras, como que el propio móvil detecte las posibles llamadas de spam (que ya emplean un 45% de los encuestados); o apuntarse a la lista Robinson de exclusión publicitaria (18%). Otras no lo tanto: bloquear el número tras comprobar que es una llamada comercial (70%) no sirve de mucho, porque las compañías utilizan cientos de números diferentes para seguir insistiendo; o no coger la llamada de un número sospechoso o desconocido (43%), ya que puede filtrar llamadas de amigos y familiares que cambiaron de número o de una empresa de transportes que necesita confirmar una entrega.

En definitiva, OCU exige que garantice cuanto antes el derecho del consumidor para identificar de forma sencilla a la empresa, de forma que pueda ejercer fácilmente sus derechos de protección de datos: acceso, rectificación, supresión... Al tiempo que insiste a las autoridades competentes en controles e inspecciones, sobre todo en los sectores más denunciados: energía, telecomunicaciones y finanzas, especialmente de los callcenter que trabajan para estas empresas.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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