La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra la anunciada aprobación por parte del Consejo de ministros del nuevo Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica por medio de un Real Decreto que pone fin a una de las prácticas comerciales más lesivas para los consumidores: la contratación telefónica de la luz sin una petición expresa, inequívoca e informada del usuario; o sin que proceda directamente del mismo.

OCU lleva años denunciando las malas prácticas de las “asesoras energéticas”, consultoras y centros de llamadas subcontratados que mediante engaños, como hacerse pasar por su comercializadora, urgen al usuario a responder afirmativamente a un SMS en el que presuntamente se ofrece un jugoso descuento, cuando en realidad se está cambiando de compañía. Una práctica denunciada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que podría afectar hasta a un 15% de los contratos de gas y luz.

En concreto, OCU ya advirtió que muchos de estos intermediarios disponen de tantos datos personales del cliente (a veces incluso la cuenta bancaria o el número CUPS del contrato) que es difícil no desconfiar de sus malas prácticas comerciales. Lo mismo que había señalado la grave falta de transparencia: no facilitan información básica sobre las condiciones de la supuesta oferta ni sobre la identidad de la comercializadora

La nueva norma prohibirá la publicidad y la formalización de contratos por vía telefónica, salvo que sea el propio consumidor quien solicite expresamente la llamada o requiera información para una finalidad concreta. Para OCU, esta medida supone un avance esencial en la protección de los hogares, especialmente de los colectivos más vulnerables, que han sido los principales afectados por llamadas comerciales no deseadas, engañosas o confusas.

OCU recuerda que, aunque la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 reconocía el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales, no existía una prohibición clara de contratar por teléfono, lo que permitía a las comercializadoras seguir recurriendo a esta vía para captar clientes.

Además de esta prohibición, OCU valora positivamente otras medidas incluidas en el nuevo reglamento:

• Obligación de grabar íntegramente las llamadas, con acceso garantizado al consumidor en un plazo máximo de 20 días.
• Refuerzo de requisitos y garantías para las comercializadoras, con el objetivo de asegurar solvencia y responsabilidad.
• Derecho a cancelar contratos en cualquier momento sin penalizaciones para consumidores con tarifas 2.0TD.
• Creación de la figura del defensor del cliente eléctrico, cuyas resoluciones serán vinculantes cuando la empresa decida incorporarla.

No obstante, OCU solicita también que las mismas garantías se apliquen al mercado del gas. Y recuerda que será indispensable supervisar activamente que las comercializadoras cumplen la prohibición; sancionar con contundencia las prácticas comerciales agresivas o engañosas; y velar por la claridad de la información y la libre elección del consumidor.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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