La Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación del Senado para exponer la valoración de la Organización sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, el incidente más grave sufrido por los consumidores españoles en las últimas décadas.

Durante su intervención, Izverniceanu ha recordado que el apagón afectó a la totalidad de la población, provocando desde pérdidas económicas y daños en hogares hasta situaciones de riesgo vital. Según ha subrayado, el suceso supuso un incumplimiento directo del derecho a la garantía del suministro eléctrico, recogido en el artículo 7 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

OCU ha denunciado que casi un año después, ni la CNMC ni el Gobierno han determinado quiénes fueron los responsables del apagón, algo que considera imprescindible para que los consumidores puedan ser adecuadamente indemnizados. Mientras tanto —ha señalado— “todos los actores del sector han evitado asumir responsabilidades, haciendo creer a la ciudadanía que el apagón no fue culpa de nadie”.

Esta ausencia de claridad ha facilitado que las compañías distribuidoras rechacen la mayoría de las reclamaciones, alegando que no son responsables del incidente. Como consecuencia, la gran mayoría de los afectados sigue sin recibir indemnización por daños materiales, pérdida de bienes, interrupción de servicios contratados o perjuicios derivados, pese a la magnitud del suceso.

OCU ha recordado ante los senadores que el RD 1955/2000 obliga a compensar automáticamente a los consumidores por interrupciones de suministro que superen los límites de calidad. Estas cantidades deben abonarse antes del 31 de marzo de 2026, pero millones de hogares aún no han recibido ninguna compensación, ni información clara en la factura sobre su aplicación. La organización ha insistido en que estas compensaciones no sustituyen otros derechos, y que los consumidores pueden y deben reclamar por daños adicionales.

OCU ha explicado que, desde el apagón, Red Eléctrica mantiene reforzados los servicios de ajuste por restricciones técnicas, lo que ha incrementado el coste de la factura eléctrica. Los análisis de OCU estiman un sobrecoste medio de 20,71 euros para hogares con PVPC y 21,16 euros en el mercado libre durante los meses posteriores al apagón, asociado a estas medidas preventivas que continúan activas ante la falta de conclusiones oficiales sobre lo ocurrido.

En su intervención OCU ha destacado que la actuación del sector eléctrico ha sido “extraordinariamente negativa”. Las empresas no han sido transparentes ni han asumido responsabilidades, la CNMC no ha emitido aún un informe determinante y su actuación ha sido “demasiado técnica y poco visible para el consumidor” y el Gobierno no ha impuesto sanciones, a pesar de la gravedad del suceso.

OCU ha reiterado la necesidad de reformar el marco normativo para actualizar el sistema de compensaciones, crear mecanismos eficaces de resarcimiento, habilitar vías ágiles de resolución de conflictos y aprobar de forma urgente una Ley de Acciones Colectivas que permita a los afectados reclamar con garantías.

Un llamamiento final: claridad, sanciones y protección real del consumidor.

OCU ha vuelto a exigir:

• Determinación urgente de los responsables del apagón.
• Sanciones proporcionales a la gravedad del incidente.
• Pago inmediato de las compensaciones automáticas pendientes.
• Transparencia total en los procesos de supervisión y en el tratamiento de las reclamaciones.

OCU recuerda que continúa activa la campaña Luz sobre el apagón, a la que se han unido ya miles de consumidores. A través de esta iniciativa, la organización impulsa una movilización ciudadana para exigir explicaciones, transparencia y compensaciones justas frente a un episodio que alteró la vida de millones de hogares. Las personas interesadas pueden seguir sumándose a través de la web para mantenerse informadas sobre los siguientes pasos y acciones colectivas en marcha.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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