La decisión de algunas empresas de aparcamiento público y de comunidades de propietarios de impedir la entrada de vehículos eléctricos por supuestos riesgos de incendio carece, con carácter general, de respaldo en la normativa vigente. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar el marco legal aplicable, que no solo no contempla una prohibición de este tipo, sino que promueve activamente la movilidad eléctrica mediante la obligación de instalar infraestructuras de recarga en edificios y estacionamientos.

De hecho, el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y el Código Técnico de la Edificación no diferencian entre vehículos eléctricos y de combustión. Mientras que el resto de la normativa aplicable a aparcamientos cubiertos coincide en impulsar la instalación de cargadores eléctricos. Tal es el caso del Real Decreto 450/2022, la ITC BT-52, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto-ley 29/2021.

Es más, la Comisión Europea ya se pronunció en 2025, señalando que los incendios de vehículos eléctricos de batería no son más frecuentes que los de los vehículos con motor de combustión interna. Y considera que restringir el acceso de estos vehículos a aparcamientos cubiertos por razones de incendio no resulta lógico y obstaculiza la adopción de tecnologías más sostenibles. Su recomendación es permitir su estacionamiento salvo en situaciones excepcionales que afecten a vehículos gravemente dañados.

OCU reconoce que los vehículos eléctricos presentan riesgos específicos asociados a las baterías de iones de litio y al proceso de recarga. De hecho, determinados fallos pueden provocar fenómenos de fuga térmica que desencadenen incendios especialmente complejos de extinguir. Y su extinción es más compleja que en otro tipo de vehículo. No obstante, el riesgo de incendio de un vehículo eléctrico es entre 10 y 20 veces menor que el de uno de gasolina. Hoy por hoy en España circulan ya más de 350.000 vehículos eléctricos y muchos de sus conductores usan de forma habitual aparcamientos subterráneos, sin que ello genere problemas generalizados de seguridad.

OCU considera que, si un operador detecta carencias de seguridad en sus instalaciones, la respuesta debe pasar por la adaptación y mejora de las medidas de protección, no por la imposición de prohibiciones genéricas. Una restricción de esta naturaleza solo podría aspirar a justificarse de forma excepcional si estuviera respaldada por informes técnicos específicos y tuviera carácter temporal mientras se corrigen las deficiencias detectadas. De lo contrario, podría considerarse una práctica discriminatoria o contraria a los derechos de los consumidores.

En caso de que un usuario vea rechazado el acceso de su vehículo eléctrico a un aparcamiento abierto al público, OCU recuerda que puede reclamar directamente al titular mediante una hoja de reclamaciones, acudir a las autoridades de consumo, denunciarlo a través de su web Reclamar y poner los hechos en conocimiento de las administraciones competentes.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de profesionales de OCU que, en colaboración con otras organizaciones de consumidores miembros de Euroconsumers y una red de laboratorios certificados, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan más de 160.000 socios activos y 1.590.000 simpatizantes.

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