OCU critica la falta de consenso político para reformar la Ley del Suelo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lamenta que la vivienda siga sin ser una prioridad real para los gobernantes y representantes políticos. Como muestra, destaca la incapacidad de los grandes partidos para concretar una reforma de la Ley del Suelo, a pesar de coincidir en los aspectos esenciales.

En lugar de abordar los problemas estructurales, se aprueban medidas que actúan como simples parches y cuya eficacia está por demostrar, advierte OCU. El reciente Real Decreto aprobado por el Gobierno prevé ofrecer un aval a los propietarios que alquilen viviendas a menores de 35 años o personas vulnerables, cubriendo impagos de renta, daños en la vivienda y suministros no abonados. Sin embargo, esta medida presenta al menos tres importantes limitaciones:

• Restricciones de acceso: Solo aplicará a contratos con menores de 35 años o personas vulnerables y a rentas que no superen el índice estatal de referencia, muy por debajo de los precios reales en muchas ciudades.

   

• Cobertura temporal: Se limita a contratos vigentes a 30 de enero de 2025.

   

• Falta de agilidad: La gestión dependerá de las comunidades autónomas, que deberán adelantar fondos y serán compensadas meses después, lo que puede retrasar la efectividad.

OCU recuerda que la oferta de vivienda en alquiler en España está concentrada en pequeños arrendadores: más de 2,1 millones de personas físicas declaran ingresos por alquiler en su IRPF. La regulación actual ha generado un temor generalizado entre estos propietarios a no poder cobrar las rentas ni recuperar sus viviendas en plazos razonables, especialmente por la suspensión de desahucios vigente desde hace más de cinco años. Como consecuencia, muchos optan por dejar sus viviendas vacías o destinarlas a alquileres de temporada, reduciendo la oferta y encareciendo los precios.

El problema de fondo persiste: desajuste entre oferta y demanda

La protección de los hogares vulnerables exige medidas serias y estructurales:

• Aumentar la oferta de vivienda protegida y vivienda en general.

   

• Garantizar la seguridad jurídica a los pequeños propietarios para recuperar sus viviendas en plazos razonables.

   

• Concentrar la suspensión de desahucios en casos de verdadera necesidad, con compensación inmediata a los arrendadores afectados.

   

• Dotar de fondos suficientes a los servicios sociales autonómicos y municipales.

A medio y largo plazo, es imprescindible corregir los desequilibrios territoriales y afrontar el déficit de vivienda. Entre octubre de 2022 y octubre de 2025, la población española ha crecido en 1,5 millones de personas, mientras que solo se han terminado 274.500 viviendas nuevas. El resultado: el precio de la vivienda ha subido un 12,8% en el tercer trimestre de 2025, según el INE.

En cualquier caso, OCU seguirá vigilando la aplicación de estas medidas y reclamando soluciones reales que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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