Alquilar un piso de 22 m2 en Barcelona cuesta 1.450 €/mes de media, denuncia OCU

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 155.509 anuncios inmobiliarios publicados en las webs de Idealista, Milanuncios y Fotocasa para Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Zaragoza confirma el elevado coste del acceso a la vivienda. Incluso para las viviendas más asequibles, las más pequeñas, donde la mensualidad puede superar el Salario Mínimo Interprofesional (1.134 euros brutos en 14 pagas).

Es el caso de muchos de los pisos en alquiler más pequeños de Barcelona, Valencia y Madrid, donde filtrando en la web por el menor número de metros cuadrados útiles posibles, y que varía en cada ciudad según la superficie mínima legal fijada por cada ayuntamiento, el precio medio alcanza:

• En Barcelona, 1.450 €/mes para un piso de hasta 22 m².
• En Valencia, 1.190 €/mes para un piso de hasta 27 m².
• En Madrid, 1.100 €/mes para un piso de hasta 28 m².

En Málaga el precio es de 920 €/mes para un piso de hasta 34 m², no mucho más asequible si consideramos que se trata de una vivienda muy pequeña con uno o ningún dormitorio (a veces la cama está en el salón). En Zaragoza el precio sí es bastante menor: 580 €/mes para un piso de hasta 41 m².

La alternativa que supone alquilar una sola habitación en una casa compartida es obviamente más económica, pero sigue siendo cara, especialmente en algunas ciudades: 625 €/mes en Barcelona, 575 €/mes en Madrid, 490 €/mes en Málaga, 455 €/mes en Valencia y 340 €/mes en Zaragoza.

OCU también denuncia que buena parte de los pisos más pequeños, aquellos que se filtran por el menor número de metros cuadrados útiles posibles y que suponen el 0,64% de la oferta de alquileres, son en realidad infraviviendas. De los 50 pisos que se visitaron presencialmente, ninguno de los de Madrid y Barcelona cumplían con la superficie mínima exigida por la normativa municipal: 20 m² útiles si la casa es usada, en Barcelona; y 25 m² útiles si se trata de un estudio, en Madrid. En Málaga casi todas incumplían (el mínimo son 30,5 m² útiles) y en Zaragoza algo menos de la mitad (que fija 37 m² útiles). Valencia fue la excepción: solo una de las nueve visitadas infringía la normativa (que establece 24 m² útiles).

Pero no fue el único incumplimiento observado por OCU: 7 de las 50 viviendas en alquiler visitadas no tenían autorizado un uso residencial, sino de oficina, comercial o cultural, lo que puede suponer un problema para el inquilino a la hora de contratar la luz, el gas o un seguro del hogar. La ausencia de un certificado energético fue otro incumplimiento, en este caso común a todas las viviendas que se visitaron. Y lo peor es que la intermediación de una agencia, habitual en muchos de estas viviendas anunciadas, no supuso ningún tipo de garantía o de control adicional.

OCU urge a las autoridades competentes a fomentar la vivienda pública en alquiler, la medida más efectiva para reducir los elevados precios actuales. Pero también a controlar el uso residencial y las condiciones de habitabilidad de las viviendas que se anuncian, además de desarrollar una normativa común a todos los municipios que defina unas condiciones dignas para cualquier vivienda, así como sus metros cuadrados mínimos en función del número de habitaciones. No se entiende que la superficie mínima autorizada para un hogar varíe entre los 20 y los 37 m² útiles según la ciudad donde se resida. Los futuros inquilinos, por su parte, deben asegurarse siempre de que la vivienda que desean alquilar cumple con las condiciones básicas de habitabilidad y tiene realmente los metros cuadrados útiles anunciados. Si observan cualquier irregularidad, deberían denunciarlo a las autoridades municipales o autonómicas competentes.

El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria.

Esta información ha sido elaborada por un de equipo profesionales de OCU que, en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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