Tasas de basuras: la normativa en 17 capitales incumple la nueva ley de residuos, denuncia OCU

La reciente entrada en vigor en abril de la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene por objeto personalizar la cuantía de la tasa de residuos según el principio de “quien contamina paga”. Lamentablemente, la nueva tasa está lejos de cumplir este fin. En unos casos por la arbitrariedad de los criterios que determinan su importe, en otros, por tratarse de un único criterio fijo que no valora el esfuerzo de cada hogar para limitar y separar correctamente sus residuos, señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que valora la aplicación de la tasa como desequilibrada e injusta. 

El incumplimiento más grave, según OCU, se observa en aquellas ordenanzas municipales que gravan los residuos con una única tasa fija, sin tener en cuenta la generación real de residuos de cada hogar, lo que es contrario al principio básico de la ley: “quién contamina paga”. Sucede en 17 de las 50 capitales de provincia. En concreto en Badajoz, Ciudad Real, Gerona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Teruel y Zamora. Aunque tres de ellas, Las Palmas, Oviedo y Segovia, dan la posibilidad de reducir el importe de la tasa con acciones como acudir al punto limpio o demostrando una buena separación y reciclaje de la basura.

Las ordenanzas del resto de las capitales aplican uno o varios criterios variables según el tipo de hogar, como el consumo de agua, el tamaño de la casa, el tipo de calle, el número de personas empadronadas, etc. Pero no dejan de ser criterios discutibles, mucho de ellos arbitrarios a juicio de OCU por cuanto no siempre reflejan la realidad de cada hogar: el consumo de agua varía mucho si hay un jardín o una piscina y una casa más grande no genera necesariamente más residuos, mientras que el número de personas empadronadas tampoco refleja siempre el de personas que realmente viven allí (por ejemplo, si son casas de alquiler turístico o segundas residencias), entre otros factores. 

De hecho, las tasas municipales oscilan mucho de una capital a otra para un mismo tipo de hogar. Así, para una vivienda con un valor catastral de 79.000 euros donde viven tres personas que consumen 175 m3 de agua al año, el importe varía entre los 62 euros de La Coruña y los 202 euros de San Sebastián. Mientras que el recibo medio alcanza los 105 euros anuales. Se trata de una subida media respecto a la anterior tasa del 31%, que llega al 420% en Alicante (donde pasa de 28 a 145 euros al año). Subidas que además rara vez se compensan con una bajada equiparable de otras tasas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hasta ahora asumía el coste de este servicio en muchas ciudades. 

OCU critica la aplicación de criterios fijos para el cálculo de la tasa, pero también de la mayoría de los criterios variables, no solo por considerarla injusta y desequilibrada, también porque contribuye a desincentivar la separación de residuos por parte de los consumidores, ya que cualquier esfuerzo en este sentido difícilmente se verá recompensado en una rebaja en el importe final de la tasa. De hecho, el cálculo actual excluye métodos de personalización ya aplicados en otros municipios, como la rebaja por separar correctamente los residuos en ciudades en las que el uso del contenedor de orgánicos es mediante acceso personal, el uso de los puntos limpios o la participación en programas de compostaje.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de profesionales de OCU que, en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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