OCU lanza una campaña para denunciar los cobros abusivos en el alquiler de vivienda

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para denunciar y recurrir los cobros abusivos de algunas agencias de alquiler a los arrendatarios por servicios no solicitados. Desde mayo de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato son a cargo del arrendador, según la modificación introducida en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley por el derecho a la vivienda; hasta entonces, era común que esos gastos, es decir, la comisión que se pagaba a la agencia, fueran asumidos por el arrendatario o por ambos.

El propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está analizando este tipo de abusos, recogiendo denuncias como la de OCU contra Alquiler Seguro. De hecho, en marzo anunció la apertura de un expediente sancionador contra una gran agencia inmobiliaria que opera en toda España por posibles prácticas abusivas contra los arrendatarios.

En el comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se citan, en concreto, tres cobros irregulares al arrendatario: la gestión del arrendamiento, la imposición de un seguro y la contratación de servicios no solicitados. Irregularidades advertidas por OCU hace ya un año en su denuncia contra la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro.

De hecho, en una consulta previa de OCU al Ministerio de Consumo, la administración confirmaba que las agencias no pueden exigir o imponer a los arrendatarios una comisión o gasto por la intermediación realizada por ellas en los servicios prestados para suscribir el contrato de arrendamiento. Asimismo, estos servicios deben ser solicitados y/o aceptados voluntariamente por el arrendatario en un contrato independiente del contrato de arrendamiento propiamente dicho, debiendo estar especificados con claridad y transparencia, tanto los servicios contratados a prestar por la agencia de intermediación como la comisión o gasto que cobra la agencia por ellos.

OCU ya solicitó a Consumo que se sancione con celeridad y de forma ejemplar a la agencia investigada, acorde con los beneficios ilícitos obtenidos. Si las irregularidades fueran consideradas muy graves, la normativa contempla que el importe de la sanción pueda alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Y es que este tipo de prácticas abusivas contribuyen a aumentar las actuales dificultades de acceso a la vivienda en alquiler.

Ahora OCU anima además a los afectados por este tipo de abusos a unirse a denuncia a través de su campaña para reclamar la nulidad del pago realizado por el arrendador y exigir su reembolso.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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