OCU denuncia el nuevo retraso en transposición Directiva acciones colectivas en defensa consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lamenta la decisión tomada por el Congreso de eliminar la tramitación de la ley que regula las acciones colectivas en defensa de los consumidores. OCU denuncia el severo perjuicio que el nuevo retraso de esta regulación causa a los consumidores españoles frente al resto de los de la Unión Europa.

La comisión de Justicia del Congreso de los diputados ha aprobado el texto del informe de la ponencia del proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios para su envió al Senado.

OCU denuncia que durante la tramitación de la citada normativa se ha aprobado una enmienda que elimina del texto toda la regulación de las acciones colectivas de defensa de los consumidores. Se trata de una norma por la que se lleva a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores que incorpora al derecho español una regulación armonizada del ejercicio de las acciones colectivas por parte de los consumidores.

Según la directiva, la norma de transposición tenía que haberse aprobado antes del pasado 25 de diciembre de 2022 y aplicarse a partir del 25 de junio de 2023, de manera que OCU critica la decisión tomada por parte del Gobierno de suprimir la transposición de la directiva en la tramitación de la ley por el enorme retraso de casi año y medio y por el perjuicio que tiene para la defensa judicial de los consumidores.

OCU denuncia que la falta de adecuación a la regulación europea de las acciones colectivas dificulta que los consumidores pueden exigir sus derechos frente abusos colectivos como los cometidos por las entidades financieras en las cláusulas abusivas, el caso dieselgate, el cartel de vehículos, compañías aéreas etc.  Esta regulación inadecuada aboca a los ciudadanos a acudir a acciones individuales con un elevado coste lo que sin duda desincentiva que los consumidores acudan a los tribunales cuando son victimas de un abuso en sus derechos.

OCU insta al Gobierno a que de forma urgente proponga un texto que regule de forma adecuada las acciones colectivas para garantizar el derecho de los consumidores a una protección eficaz mediante procedimientos colectivos frente a los fraudes, engaños y abusos por parte de las empresas.

Esta información ha sido elaborada por un equipo profesionales de OCU que, en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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