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Seguro obligatorio para perros: OCU denuncia falta de claridad

21 sep. 2023
  • A 10 días de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 avisa de que algunas obligaciones no serán aplicables hasta que se desarrolle el Reglamento.
  • La decisión genera confusión sobre el alcance de la cobertura del seguro de responsabilidad civil para perros. Como prevención, OCU aconseja a los dueños sin un seguro específico contactar con su actual aseguradora del hogar y pedir un suplemento para que conste la cobertura que ya tiene por defecto, además de ampliarla a cualquier cuidador del animal.
  • Información ampliada: sobre seguro de perros y los beneficios sobre la salud de tener una mascota.

Hasta ahora, solo los dueños de un perro de una raza potencialmente peligrosa, así como los residentes en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, estaban obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil para su mascota. Pero desde el próximo 29 de septiembre ya no serán solo ellos: ese día entra en vigor la Ley de Bienestar Animal, que obliga a contratarlo a todos los dueños de un can, dejando en el aire la cobertura que, para los daños que causara el animal, ofrecía el seguro de responsabilidad civil privada habitualmente incluido en la póliza del hogar.

Y es que desde el momento en que el seguro pasa a ser obligatorio, las aseguradoras de responsabilidad civil privada podrían interpretar que queda anulada su cobertura. Con el riesgo que ello comporta para el dueño de un perro que causara daños a otro perro o a una persona, ya que podría terminar asumiendo parte o todo el coste de la responsabilidad civil. Un riesgo que se extiende además a la víctima en el caso de que el dueño no sea solvente.

La falta de un Reglamento que defina el alcance de la nueva ley es la causa principal de esta confusión. Una imprecisión que persiste con el ambiguo anuncio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, realizado 10 días antes de la entrada en vigor de la ley, avisando de que “en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se desarrolle el Reglamento”, responsabilidad del propio Ministerio. Y para el cual se da de plazo hasta que finalice el 2025.

Como prevención, OCU insta a todos aquellos dueños que hoy por hoy no tuvieran ya contratado un seguro obligatorio, a ponerse en contacto con su aseguradora del hogar o de responsabilidad civil con el fin de verificar que su animal sigue cubierto con la nueva ley. Debe pedirse un suplemento para que conste la cobertura (probablemente pidan que se identifique al perro) y que además se adapte al requisito de la nueva norma, que amplía la cobertura a cualquier persona que se haga cargo del animal. A OCU le consta que algunas compañías lo están haciendo sin cobrar una sobreprima por emitirlo. Si su aseguradora no lo hace así, considere cambiar de seguro al próximo vencimiento. Mientras tanto, lo más prudente es contratar una póliza específica por el capital más alto posible: por dar un rango de precios orientativo, para un capital de 300.000 euros en responsabilidad civil, la prima anual oscilaría entre 50 y 90 euros, con una franquicia que va de 150 a 300 euros. 

En cuanto al futuro Reglamento, OCU exige que se concrete lo antes posible, al tiempo que considera vital que se iguale el capital de responsabilidad civil de un perro al del seguro de un automóvil, también en la norma para razas potencialmente peligrosas, donde el mínimo solo llega a 120.000 euros en la norma estatal. Porque, aunque la probabilidad de un accidente grave sea menor que con un coche, las consecuencias pueden ser las mismas. Otros desarrollos pendientes e importantes son: la lista de animales que pueden ser considerados mascotas, la periodicidad y el tipo de cuidados veterinarios o las condiciones del curso para los dueños de los nueve millones de perros registrados en nuestro país.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

 

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