Cada año cientos de miles de contribuyentes son sancionados por las distintas administraciones tributarias. OCU ha comprobado que muchas de estas sanciones incumplen la obligación que tiene la Administración de acreditar la culpabilidad del contribuyente y demostrar la existencia real de la infracción
Son sanciones injustas que no cumplen los requisitos legales. Por todo ello OCU pone en marcha a través de su web: http://www.ocu.org/movilizate/contra-sanciones-tributarias una campaña contra las sanciones tributarias injustas.OCU señala que la Ley establece que, cuando un contribuyente incumple una obligación tributaria, además de exigir su cumplimiento, la Administración puede imponerle una sanción si este constituye una infracción.
En la mayoría de los casos las Administraciones, Hacienda por ejemplo, se limitan a comunicar la existencia de la sanción sin expresar en qué consistió la negligencia, el dolo o acreditar la culpabilidad del contribuyente. Este hecho provoca que se impongan sanciones de forma automática sin atender a las circunstancias personales de cada contribuyente, sin atender por ejemplo a la presentación de una declaración complementaria. Son sanciones que no cumplen la normativa por no justificar la culpabilidad del contribuyente y son injustas tal y como reconocen distintos Tribunales de Justicia, incluido el Tribunal Supremo.
OCU denuncia la escasa transparencia que existe en los datos sobre sanciones tributarias. En el caso de Hacienda no se hacen públicos los datos del número de sanciones impuestas en el ejercicio, su naturaleza y su cuantía, lo que impide determinar cuántos contribuyentes se ven afectados cada año. OCU ha solicitado esa información a Hacienda, que se ha limitado a remitir a la Memoria de la Administración Tributaria 2013. Según esta, en 2011 se ingresaron 159 millones de euros por todas las sanciones. Solo para IRPF, los resultados globales de la campaña de comprobación IRPF-2011 suponen unos ingresos por paralelas de 520,1 millones de euros y la regularización de 499.683 contribuyentes. Estos datos suponen una regularización por contribuyente de 1.040 euros y una sanción media de 520 euros.
Para los ciudadanos recibir una sanción injusta por parte de Hacienda en la mayoría de los casos supone un claro perjuicio económico. Muchos desconocen su derecho a reclamar y la manera de hacerlo. Por ello OCU pone a disposición de los ciudadanos afectados de forma gratuita la “Guía para reclamar sanciones tributarias” con el objetivo de que aquellos que están afectados por una sanción injusta puedan defender sus derechos de forma adecuada.
A través de la web: http://www.ocu.org/movilizate/contra-sanciones-tributarias podrán a acceder a esta guía donde además OCU pide la colaboración de los ciudadanos para exigir a Hacienda que no imponga sanciones de forma automática y que cumpla con su obligación de acreditar la culpabilidad del contribuyente y demostrar la intención de defraudar.