No es una impresión ni una sospecha: el estudio de Tabea Bucher-Koenen, Andreas Hackethal, Johannes Koenen y Christine Laudenbach, publicado en American Economic Review, concluye que las asesoras y asesores financieros tienden a ofrecer a las mujeres recomendaciones más favorables para la entidad que para la clienta. En otras palabras: les ofrecen menos descuentos y productos más caros.
El trabajo se basa en una muestra especialmente sólida: unas 27.000 reuniones reales entre asesores y clientes de un gran banco alemán, complementadas con un experimento de “mystery shopping”. Y los resultados son difíciles de justificar. Según los autores del estudio, los hombres tienen más probabilidades de recibir rebajas en las comisiones de venta, mientras que las mujeres son dirigidas con mayor frecuencia hacia fondos multiactivo de la propia entidad, que suelen generar mayores márgenes para el banco. Además, el artículo señala expresamente que a las mujeres se les da un consejo “más interesado” por parte del vendedor.
Como organización de consumidores debemos denunciarlo con claridad. Porque aquí no estamos hablando solo de igualdad formal, sino de dinero. De ahorro. De rentabilidad. De cómo una decisión aparentemente pequeña, como pagar más comisiones o acabar en un fondo menos competitivo, puede ir erosionando el patrimonio con el paso de los años. Si dos personas tienen una situación comparable, su sexo no puede ser el criterio oculto que determine qué producto se les recomienda ni cuánto pagan por él. Lo más preocupante es que este sesgo no parece responder simplemente al comportamiento de unos pocos profesionales. El estudio de Tabea Bucher-Koenen y sus coautores apunta a un problema más profundo: muchos asesores usan el género como atajo para estimar la supuesta sofisticación financiera del cliente. Y cuando, además, existen incentivos comerciales para colocar productos con más margen, la combinación es explosiva. El resultado es una discriminación económica que castiga a las mujeres justo en un terreno donde debería primar el interés del ahorrador.
Desde OCU abogamos por la tolerancia cero con estas prácticas. Las entidades financieras deben revisar de verdad sus protocolos de asesoramiento, controlar si existen diferencias por sexo en descuentos, costes y recomendaciones, y corregir cualquier sesgo. Y los supervisores deberían velar que el trato sea realmente equitativo. La mitad de la población no puede seguir invirtiendo en peores condiciones que la otra mitad. Un trato justo es lo mínimo exigible y una condición imprescindible para que más mujeres inviertan sus ahorros con confianza, autonomía y la rentabilidad que merecen.
El trabajo se basa en una muestra especialmente sólida: unas 27.000 reuniones reales entre asesores y clientes de un gran banco alemán, complementadas con un experimento de “mystery shopping”. Y los resultados son difíciles de justificar. Según los autores del estudio, los hombres tienen más probabilidades de recibir rebajas en las comisiones de venta, mientras que las mujeres son dirigidas con mayor frecuencia hacia fondos multiactivo de la propia entidad, que suelen generar mayores márgenes para el banco. Además, el artículo señala expresamente que a las mujeres se les da un consejo “más interesado” por parte del vendedor.
Como organización de consumidores debemos denunciarlo con claridad. Porque aquí no estamos hablando solo de igualdad formal, sino de dinero. De ahorro. De rentabilidad. De cómo una decisión aparentemente pequeña, como pagar más comisiones o acabar en un fondo menos competitivo, puede ir erosionando el patrimonio con el paso de los años. Si dos personas tienen una situación comparable, su sexo no puede ser el criterio oculto que determine qué producto se les recomienda ni cuánto pagan por él. Lo más preocupante es que este sesgo no parece responder simplemente al comportamiento de unos pocos profesionales. El estudio de Tabea Bucher-Koenen y sus coautores apunta a un problema más profundo: muchos asesores usan el género como atajo para estimar la supuesta sofisticación financiera del cliente. Y cuando, además, existen incentivos comerciales para colocar productos con más margen, la combinación es explosiva. El resultado es una discriminación económica que castiga a las mujeres justo en un terreno donde debería primar el interés del ahorrador.
Desde OCU abogamos por la tolerancia cero con estas prácticas. Las entidades financieras deben revisar de verdad sus protocolos de asesoramiento, controlar si existen diferencias por sexo en descuentos, costes y recomendaciones, y corregir cualquier sesgo. Y los supervisores deberían velar que el trato sea realmente equitativo. La mitad de la población no puede seguir invirtiendo en peores condiciones que la otra mitad. Un trato justo es lo mínimo exigible y una condición imprescindible para que más mujeres inviertan sus ahorros con confianza, autonomía y la rentabilidad que merecen.
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